En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez señala que "no ha lugar" a la suspensión de la ejecución del auto de 22 de septiembre en el que impuso al exconsejero dicha fianza civil porque el hecho de que haya recurrido ante la Audiencia Provincial dicha resolución "no tiene efecto suspensivo", de manera que "una vez se resuelva el recurso se acordará lo procedente".

De igual modo, la magistrada rechaza la suspensión de la ejecución del auto de 22 de septiembre solicitada por el abogado del exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón, a quien la instructora impuso en dicha resolución una fianza civil de 1.995.000 euros, concediéndole un día de plazo para que la hiciera efectiva antes de iniciar el proceso de embargo.

En un escrito, el abogado de Martín Soler solicitó la suspensión de la ejecución del auto de 22 de septiembre "desde criterio de elemental prudencia y en evitación de gravísimos e irreversibles —aunque hoy difícilmente evitables— perjuicios al justiciable, y hasta tanto se resuelva el recurso de apelación interpuesto por esta parte contra el expresado auto".

El letrado del imputado recuerda en su escrito además que ha interpuesto un recurso de reposición contra la diligencia de ordenación de fecha 9 de octubre de 2014 en la que la secretaria judicial concedió a su cliente un plazo de diez días para que designara bienes a embargar a fin de cubrir la fianza civil impuesta.

De su lado, el abogado de José de Haro Bailón también pidió la suspensión de la ejecución del auto donde la magistrada le impuso una fianza civil de 1.995.000 euros en un escrito en el que recuerda que ha pedido a la Audiencia que decrete la nulidad del mismo por su "incompetencia" para acordar una medida como ésta "posterior a la elevación de la exposición razonada" que "ni tiene el carácter de diligencia, ni la condición de urgente, ni la naturaleza de acto de averiguación que contribuya al esclarecimiento de los hechos".

En su escrito, recordó el auto de 10 de octubre en el que la Audiencia Provincial anuló la fianza civil de 29.568.129,20 euros que impuso la juez a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Según expone el abogado del exalto cargo, la Audiencia "establece sin ambages que el Tribunal Supremo es 'el órgano superior, el máximo de la cúspide jurisdiccional ordinaria, a quien obviamente no le puede resultar ajena una medida cautelar real como la cuestionada, cuya adopción o no realmente pasaría a ser de su competencia de asumir la instrucción'".