La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, ha enviado este lunes una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que solicita información y reclama una "defensa firme y rigurosa" sobre las ayudas al puerto de El Musel.

Esta petición se produce después de que el Gobierno autonómico conociera este fin de semana por los medios de comunicación que la Comisión Europea habría decidido retirar al puerto de El Musel la subvención concedida de 247,5 millones de euros, 198 ya abonados, para la ejecución de las obras de ampliación, según indican desde el Ejecutivo asturiano en nota de prensa.

"Esta decisión se habría adoptado tras analizar la Comisión el informe enviado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con los argumentos esgrimidos por el Estado frente al informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), que afirmaba irregularidades y recomendaba exigir la devolución de las ayudas", señalan desde el Principado.

Para la consejera, esta defensa también debe estar "bien documentada", con el fin de "lograr un cambio radical de posición por la Comisión que permita evitar la corrección y judicialización del asunto y devolver el prestigio a las instituciones nacionales, en estos momentos muy cuestionadas desde la Unión Europea".

Belén Fernández considera necesaria esa defensa por parte del Gobierno de España, "salvo que desde esa instancia se asumieren los planteamientos contenidos en el informe de la OLAF y las consecuencias por ella recomendadas".

En su misiva, la titular de Fomento reitera al Estado la necesidad de "pasar página al déficit de información" e insta a tratar este tema "con transparencia, lealtad institucional y rigor en la defensa de los intereses del Estado y del puerto de Gijón".

En este sentido, el Gobierno asturiano solicita "recibir la documentación enviada por la Comisión Europea, en la que supuestamente se motivaría la exigencia a El Musel de devolución de las ayudas europeas y se negaría el abono de las pendientes".

También pide conocer "las líneas empleadas por el ministerio para la defensa de los intereses de España y de El Musel el pasado junio ante la DG Regio frente al informe de la OLAF; así como las líneas de defensa que a partir de ahora utilizará el Ejecutivo español ante el comunitario".

Belén Fernández recuerda en su carta que la noticia aparecida el sábado en los medios de comunicación, "mala sin paliativos", ha causado "malestar y estupor" en el Gobierno de Asturias.

"Malestar porque a pesar de la reiterada voluntad de cooperación que les mostramos por la trascendencia del Puerto de Gijón para el desarrollo y crecimiento en todos los niveles de nuestra comunidad autónoma, asistimos de nuevo a un inadmisible gesto de deslealtad institucional, al no comunicársenos por ningún medio una decisión cuyo calado exigía una diligente puesta en conocimiento desde Gobierno central, tanto al Principado de Asturias como a la Autoridad Portuaria", ha dicho.

Además, he incidido en el "estupor" generado porque "de confirmarse los contenidos que han aparecido en la información periodística, estaríamos ante la más drástica de las posiciones que la Comisión Europea podría adoptar, que es la de la devolución total de la ayuda percibida y la cancelación del derecho a obtener la pendiente, vinculada a la apreciación de irregularidades tanto en el proceso de contratación y adjudicación de las obras como en el control y justificación del gasto".

La consejera recalca que, a la vista de la posición de la Unión Europea coincidente con la OLAF, "nos surgen numerosos interrogantes acerca de los argumentos que ustedes habrían esgrimido en junio ante la misma, supuestamente en defensa de los intereses patrimoniales del Reino de España y de la actuación de diversas instancias ministeriales y de la Autoridad Portuaria de Gijón".

Fernández concluye trasladando nuevamente la "plena voluntad de cooperación" del Ejecutivo asturiano, "a fin de mantener un canal permanente de trabajo y comunicación en torno a este proceso de defensa de intereses comunes, incorporando la imprescindible participación en el mismo de la Autoridad Portuaria de Gijón y su consejo de administración".