El parlamentario andaluz de IULV-CA por Cádiz Ignacio García ha mostrado su "satisfacción" por la sentencia emitida por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz en la que se confirma la condena por derribo en El Puerto de Santa María de la Casa de Las Cadenas, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento y que, además, libera a IU —que presentó la denuncia y ejerció como acusación particular— del pago de las costas procesales.

Según indica García en una nota, la sentencia "firme" emitida por la Audiencia supone una desestimación de los recursos de apelación interpuestos por los procesados y ratifica las penas a los constructores que llevaron a cabo el derribo, al exalcalde de El Puerto Hernán Díaz de Independientes Portuenses (IP), al entonces teniente de alcalde de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez (IP) y al arquitecto jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, Fernando Jiménez Fornell.

Concretamente, la sentencia condena a los dos constructores como "autores criminalmente responsables de un delito de daños contra el patrimonio histórico del artículo 323 del Código Penal" a las penas de un año y medio de prisión para cada uno de ellos, a inhabilitación especial para la profesión u oficio relacionado con la construcción y promoción inmobiliaria durante el periodo de la condena y a una multa de 15 meses con una cuota diaria de 20 euros (9.000 euros cada uno).

Asimismo, los condena, en concepto de responsabilidad civil, "a la obligación personal de proceder a la reconstrucción del inmueble demolido a su estado originario" y a indemnizar a la Junta de Andalucía "en la cantidad a determinar en ejecución de sentencia por los daños causados al patrimonio".

En el caso de Hernán Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Fernando Jiménez, los considera autores de "un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal" y los condena "a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años". La sentencia libera asimismo, a IU del pago de las costas procesales derivadas de haberse personado en la causa.

García, que en el momento en que se produjeron los hechos era concejal y portavoz de IU en El Puerto, se muestra satisfecho con la sentencia afirmando que "ha merecido la pena este largo camino".

Asimismo, considera "justo que se libere a quien ha ejercido la acusación particular, a quien alertó de los graves daños causados contra un bien público, de pagar las costas del proceso". No obstante, ha lamentado que "se hayan necesitado nada menos que diez años para lograr un fallo en firme sobre este asunto" y ha considerado que "este tremendo retraso rebaja los efectos de la condena y le quita efectividad a lo que puede tener de disuasorio una condena de este tipo".

Escasa pena a los responsables públicos

Incide el dirigente de IU en "la laxitud de las condenas a los dirigentes públicos corrompidos" y califica de "claramente insuficiente que delitos de prevaricación administrativa, que es una forma fina de llamar a la corrupción, se limite a la mera inhabilitación política, sobre todo en el caso concreto de Hernán Díaz, ya retirado de la política o a Juan Carlos Rodríguez".

García considera que con este tipo de retrasos no se elimina el carácter disuasorios de las penas, porque "como se suele decir, que me quiten lo bailao", apunta. Por otro lado, el diputado autonómico afirma que "no parece razonable la diferencia de tratamiento" entre las penas impuestas a los constructores y las que finalmente han recaído sobre los responsables políticos.

En este sentido, deja patente la defensa de Izquierda Unida al aumento de las penas en los casos de corrupción y la petición de mayor agilidad para este tipo de procesos.

García afirma que IU estará atenta a partir de este momento en que se cumpla la parte de la sentencia que obliga a los constructores a resarcir el daño causado, "aun reconociendo la dificultad", ya que "habrá que ver dónde está el material procedente del derribo" y proponiendo que, si este no existe, "se haga con otro equivalente".

Cabe recordar que el derribo parcial de la Casa de las Cadenas fue llevado ante la Fiscalía por el Grupo Municipal de IU en El Puerto de Santa María, además de personarse posteriormente en el caso, debiendo aportar en su momento el correspondiente adelanto de la fianza, cantidad que la formación política confía en que también le sea devuelta.