El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha imputado en la causa a los dos últimos ex secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha atendido la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar a ambos el próximo mes de noviembre.

En un escrito elevado con fecha 6 de octubre, el Ministerio Público pedía a este magistrado que cite a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas.

Según la Fiscalía, ambos son responsables de la financiación ilegal de UGT-A por medio de "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación".

Pastrana, secretario general de 1998 a 2013, y su sucesor participaron en la denominada "central de compras" del sindicato, según la Fiscalía.

Esta central fue una "inspiración directa" de Pastrana y continuó cuando le sustituyó Fernández Sevilla, que anteriormente era secretario de organización de UGT-A antes de ser secretario general.

La financiación ilegal de UGT-A se produjo, según la Fiscalía, con la institución del "rapel", figura que permitía repercutir un porcentaje de las compras del sindicato a un proveedor, y el "bote", otra figura con la que se elaboraban facturas falsas.

Respecto a los "rapel", la Fiscalía señala que el proveedor soportaba el porcentaje de compras y luego ingresaba el dinero en una cuenta señalada por el sindicato.

Después, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, "lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración", subraya la Fiscalía.

Los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este "rapel" se repartían entre la estructura regional y las uniones provinciales, lo que se decidía en la comisión ejecutiva de UGT, precisa Anticorrupción.

Sobre la implantación y consolidación del "bote", la Fiscalía entiende que UGT encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno pasaba a formar parte de una cuenta acreedora del sindicato con terceros y siempre previo pago de esas facturas.

Esto hacía que UGT sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese "bote" y, de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a formación, concluye Anticorrupción.

El "bote" tuvo plasmación contable y registral en el denominado SPYRO, un programa informático con apartados para asentar las anotaciones al margen de la legalidad y cuyo encargo, aprobación y pago decidió la ejecutiva del sindicato, resalta la Fiscalía.

Un ex secretario de Cultura y Formación del sindicato que declaró como testigo dijo que había una decisión de retener un 20% de todas las subvenciones que recibía la organización para fondos de formación y destinarlo a gastos corrientes del mismo, lo que la ejecutiva denominó "canon revolucionario".

Este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, apunta la Fiscalía, que casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación.

Para sus conclusiones, la Fiscalía tiene en cuenta las declaraciones del extesorero de UGT-A Federico Fresneda, que señaló a Pastrana y Fernández como los que decidían en la ejecutiva las empresas que pagaban el "rapel", compañías con las que mantenían una "intensa relación".

Además, cuando desde el departamento de compras se querían incorporar nuevos proveedores, Fresneda sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato, según la Fiscalía.

La participación de Pastrana y Fernández podrían constituir delitos como falsedades y otros que aun se encuentran en fase de primaria investigación por la Guardia Civil, como son las irregulares subcontrataciones con terceros y entidades vinculadas y dependientes del propio sindicato, concluye Anticorrupción.