Cantabria será "la primera comunidad autónoma" del país que acredite sus centros de atención a la dependencia de titularidad y gestión pública como 'centros libres de sujeciones', es decir, centros en los que no se utilizan las sujeciones físicas o farmacológicas en la atención y cuidado de personas mayores y con Alzheimer.

Isabel Urrutia, directora general del ICASS, ha anunciado en rueda de prensa la incorporación de los CAD de Santander, desde este viernes, y de Laredo, a partir del lunes, al proyecto 'Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer', junto al doctor Antonio Andrés Burgueño, médico del Hospital Gregorio Marañon y director de este programa desde su creación en 2003.

El objetivo es conseguir que ambos centros eliminen el uso de las sujeciones en la atención a estas personas, lo que implica cambios en la cultura de trabajo de los profesionales y la actitud de las familias, formación, modificaciones ambientales, organizativas y de equipamiento en los centros para garantizar un entorno más seguro a los usuarios, especialmente a los que padecen deterioro cognitivo, sin necesidad de recurrir a las sujeciones.

El proyecto nació en el año 2003 cuando se constató que España era el país del mundo que más recurría a las sujeciones en la atención a ancianos y enfermos de Alzheimer. Actualmente, según Burgueño, sigue ocupando el primer puesto de entre los que publican datos de prevalencia de sujeciones, pero reconoce que se ha avanzado mucho y ya hay 40 centros en España, todos de titularidad privada, con la acreditación de 'centro libre de sujeciones' que otorga el CEOMA (conferencia española de organizaciones de mayores).

Para el doctor, el mayor uso de sujeciones en España se debe fundamentalmente a un aspecto cultural y a la superprotección con que se tiende a tratar a las personas dependientes.

Cantabria cuenta con tres centros con este reconocimiento, según ha precisado Urrutia, la residencia Sanitas y los dos centros de día de AFAC (asociación de enfermos de alzheimer), a los que se sumarán los centros públicos de Santander y Laredo.

El proceso hasta conseguir la acreditación y con ello la eliminación de sujeciones "lleva tiempo", según ha explicado el doctor Burgueño, una media de un año, ya que es preciso trabajar en un cambio de actitud y mentalidad en las familias y los profesionales, que tienden a la superprotección de estas personas, incidir en la formación, hacer ajustes organizativos y cambios en el equipamiento y el entorno de los centros.

"Somos conscientes del compromiso, el esfuerzo, y el trabajo que nos queda por delante", ha asegurado Urrutia, quien ha reconocido que será necesario un esfuerzo inversor por parte del Gobierno, un esfuerzo del personal del ICASS en formación, planificación de acciones de carácter multidisciplinar, análisis, valoración y seguimiento personalizado de cada residente, y un esfuerzo de las familias, que tendrán que conocer en todo momento la evolución de estas actuaciones.

Urrutia ha asegurado que el Gobierno de Cantabria quiere un sistema público de servicios sociales "de calidad, innovador, que piense en las personas, que trabaje para las personas y que centre su actuación y su actividad en las personas".

"Se trata de un proyecto ilusionante para el Gobierno de Cantabria y garantista para los cántabros. Una apuesta de este gobierno por desterrar el uso de sujeciones como gesto inequívoco de máximo respeto a las personas, a su dignidad y autonomía personal", ha asegurado la directora del ICASS.