El fiscal jefe de Jaén, Carlos Rueda, ha archivado la petición que por escrito le remitió en septiembre la asociación 'El Defensor del Paciente' para que "investigara" la supuesta "falta de quirófanos y cirujanos" para operar a pacientes con cáncer, al no apreciar "infracción penal de ningún tipo" en este asunto.

Así lo ha confirmado este jueves a Europa Press el fiscal jefe, quien ha precisado que fue hace unos días cuando decidió archivar la solicitud al entender que los hechos que se planteaban "no eran constitutivos de delito", algo que ya se le ha comunicado a 'El Defensor del Paciente'.

El escrito remitido al fiscal jefe se redactó después de que la organización tuviera noticia del caso de un hombre al que "en julio diagnosticaron un nódulo pulmonar con células cancerígenas que de momento no tiene metástasis", y que al menos el pasado mes estaba "esperando a que lo operen", debido a que "a los cirujanos no les asignan quirófano y no pueden operar", cuando "hay quirófanos cerrados por falta de personal".

Este paciente alertaba de que son "muchos" los casos similares al suyo y al de una paciente diagnosticada con cáncer de colon "en julio" y en espera de ser operada, un caso del que esa misma semana se había hecho eco la citada asociación.

"El problema", según exponía 'El Defensor del Paciente' al fiscal, "es que no hay ni quirófanos ni cirujanos para intervenir a estos pacientes, que no tienen una patología vulgar", sino que "se juegan la vida en la espera", y ello debido a que "a los cirujanos —los pocos que hay— no les asignan quirófano (...) y no pueden operar por haber sido cerrados quirófanos por falta de personal".

De esta manera, la asociación quería que el fiscal investigara para averiguar "la cantidad de pacientes que pueden estar indefensos con una patología de cáncer en espera", y también para que se exija la "apertura de los quirófanos, ya que dejarlos cerrados es jugar con la vida de estos pacientes, y, en definitiva, de la salud pública o lo que en justicia se llama denegación de asistencia u omisión de socorro, dejando al paciente con una pérdida de oportunidad de curar o mejora".

"Para ser más claros, un presunto delito contra la salud pública de la propia administración que no ejerce con sus funciones de garante", resumía la asociación en su escrito, firmado por su presidenta, Carmen Flores.