El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Reglamento General de la Ley de Costas que permitirá regularizar la situación de las 36.000 ocupaciones –entre viviendas, chiringuitos, restaurantes, hoteles y actividades industriales– que continúan a día de hoy olvidadas por la ley. En la actualidad otras 4.000 cumplen con los requisitos legales de la Ley de Costas de 1988 y con la debida concesión del Estado.

Con el nuevo reglamento estas 36.000 edificaciones situadas a pie de mar, es decir, dentro del dominio público marítimo terrestre, serán “legales” pero a cambio de un precio, de un canon. Es el precio que habrá que pagar por dejar de ser alegales.

Se calcula que 13.000 son viviendas. Para todas ellas, el canon equivaldrá al 6% de su valor catastral. Mucho más complejo es el caso de los hoteles, restaurantes, chiringuitos y empresas que estén situabas en primera línea de costa. Para su cálculo entra en juego desde la actividad que desarrollen a su localización, pasando por la superficie que ocupen o su rendimiento económico.

A cambio de pagar, a estas 36.000 edificaciones el reglamento les da seguridad jurídica y evita eventuales órdenes de cierre o derribo. Claro que pagar ya pagaban esas otras 4.000 ocupaciones que sí "cumplían" la ley. De modo que se incrementarán los ingresos públicos puesto que pasan de pagar canon 4.000 ocupaciones –suponen 20 millones de euros al año– a 40.000.

Para estas variadas 40.000 edificaciones, el reglamento aprobado por el Gobierno de Rajoy permite prorrogar las concesiones en 75 años para las viviendas, 50 años para hoteles y negocios y 30 más para los chiringuitos de las playas. La concesión máxima actual de estas viviendas o instalaciones era de 30 años.

Otra gran novedad es que estas concesiones serán transmisibles a partir de ahora, y se podrán vender, heredar e incluso ser susceptibles de hipotecas, algo que no ocurría hasta ahora. Los particulares también podrán hacer reformas en la instalación o vivienda para la que tienen concesión siempre que las obras no excedan el tamaño, superficie y volumen de la misma.

La nueva normativa también introduce novedades en el deslinde. Ahora será obligatoria su inscripción en el Registro de la propiedad. De este modo se pretende que nadie pueda comprar una vivienda y descubrir después que es de uso público y que por lo tanto en realidad no le pertenece.