La mala organización de los juzgados, la impuntualidad, la falta recursos, el poco uso de nuevas tecnologías y el aumento de causas que llegan a algunos juzgados prolongan la espera para la celebración de los juicios que, además, empiezan con retraso en el 93% de los casos, según un informe del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB).

Los juicios rápidos, por ejemplo, deberían celebrarse en 15 días, se fijan con nueve meses vista. En el ámbito laboral, si antes transcurrían cuatro meses entre el despido y el juicio, ahora pueden pasar 18 meses, un periodo durante el cual el trabajador no cobra ninguna prestación. La única jurisdicción en la que la espera se ha reducido es la contenciosa-administrativa, que ha pasado de dos años a siete meses.

Además, la situación se agrava porque muchos juicios se suspenden, sobre todo por la mala organización de los juzgados, ya sea porque el día fijado faltan notificaciones y citaciones por entregar (62%), o por haber señalado demasiadas vistas para un mismo día (24%), algo que genera el 47% de los retrasos.

Para reducir los retrasos, apuestan por fomentar las conformidades, conciliaciones o acuerdos antes de los juicios —ya se ha empezado a hacer y en tres años se han pasado de 400 acuerdos antes de la vista a 9.000 en un año—, y celebrar vistas todos los días laborables en lugar de concentrar la actividad judicial de martes a jueves. También piden a los juzgados que se cercioren de que todas las partes han sido debidamente informadas.

Además de la demora hasta la celebración del juicio, sólo el 7% de las vistas empiezan a la hora fijada, el 22% arrancan con un retraso de 10 minutos y el 31% con demoras de 20 minutos. En algunos casos, la espera llega a una hora. Además de a la mala organización, culpan a los jueces del 29% de las esperas, a los fiscales, del 14%, y a las partes y los testigos, del 9%. Los abogados dicen que su impuntualidad sólo retrasa el 1% de los juicios.

El informe, elaborado a partir de datos oficiales y encuestas, recoge el efecto de las tasas judiciales. El 68% de los letrados encuestados afirman que algún cliente ha renunciado a iniciar un procedimiento judicial para no pagarlas.