La Junta de Andalucía ha modificado las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de la comunidad (ADCA) con el objetivo de avanzar en la mejora de la regulación económica y evitar que nuevas normativas supongan trabas al funcionamiento de la unidad de mercado.

Estas modificaciones están recogidas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, aprobada inicialmente por Consejo de Gobierno, tramitada como proyecto de Ley en el Parlamento, refrendada como Ley en la Cámara andaluza por unanimidad de todos los grupos políticos y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) esta misma semana.

Esta normativa acentúa el protagonismo de la ADCA como órgano encargado de promover la mejora de la regulación económica y refuerza sus tareas de asesoramiento a la Administración andaluza, según la información facilitada por la Administración andaluza a Europa Press.

En concreto, en adelante la Agencia, además de evaluar los posibles efectos de las nuevas normativas autonómicas sobre la competencia, analizará el impacto económico de las mismas y su incidencia sobre la unidad de mercado, con el fin de mejorarlas. Con ello, "se busca mejorar la calidad de la regulación en Andalucía, especialmente en normas con impacto sobre actividades económicas", ha señalado.

Asimismo, apunta que la norma abre por primera vez la posibilidad de que la ADCA ofrezca estos mismos servicios a las Administraciones locales, que tienen la posibilidad de buscar orientación gratuita en este organismo para mejorar sus proyectos normativos o la elaboración de ordenanzas.

Desde su puesta en marcha, la ADCA ha informado los proyectos normativos autonómicos desde la óptica de la competencia, analizando si introducen barreras para entrar en el mercado, si limitan la libertad de los operadores para competir o si reducen los incentivos para competir entre los distintos operadores.

A partir de ahora, el informe de normas de la Agencia incluirá además un análisis de los efectos que la propuesta puede tener sobre la actividad económica. Así, podrá conocerse su alcance en cuanto a la promoción de las inversiones productivas y el empleo, los efectos sobre las pymes, sobre las personas consumidoras y usuarias, sobre los precios de los productos y servicios, sobre la innovación y sobre la productividad de las personas trabajadoras y empresas, entre otros.

Asimismo, evaluará el respeto a los principios de la mejora de la regulación económica analizando, entre otras cuestiones, si son necesarias, transparentes, accesibles para sus destinatarios, simples, eficaces, si proporcionan seguridad jurídica y si los trámites que regula son proporcionados o excesivos.

La Junta de Andalucía considera que la previa valoración de estas cuestiones contribuirá a la mejora de la calidad regulatoria y a que la normativa que se apruebe elija, entre las diversas opciones posibles, aquella que, sobre la base de la defensa de los intereses generales, sea más idónea para el desarrollo de la actividad económica productiva y el empleo.

Funciones para unidad de mercado

Otra de las nuevas funciones de la Agencia es su designación como punto de contacto de Andalucía en la Ley de garantía de la unidad de mercado que ha puesto en marcha el Gobierno central. Esta normativa estatal exige a las comunidades autónomas designar un organismo interlocutor con la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado para las tareas de coordinación y emitir informes que se deriven del funcionamiento de esta Ley.

En este sentido, la Agencia funciona como cauce de intermediación entre los operadores económicos, las personas consumidoras y usuarias y las organizaciones que detecten obstáculos y barreras al desarrollo habitual de sus actividades. Se implanta así un modelo de relación con los agentes económicos basado en el diálogo y el consenso, con el fin último de remover trabas a las actividades económicas.

Otras mejoras

La tramitación parlamentaria del Decreto Ley, ahora convertido en Ley de medidas para la reducción de trabas, ha supuesto una mejora del texto original al introducir varias enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.

Entre las mejoras, destaca la inclusión de las cooperativas en la 'Iniciativa @mprende+' o la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para que en adelante se eliminen todas las licencias para el inicio y desarrollo de las actividades económicas previstas en el ámbito de aplicación de la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Esto va a suponer que no podrá requerirse por parte de las Administraciones y entidades del sector público de Andalucía la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análoga que sujeten a previa autorización en el ejercicio de la actividad económica a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento correspondiente.

A partir de ahora tampoco será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras de acondicionamiento de los locales en los que se vaya a desempeñar la actividad económica salvo que requieran de la redacción de un proyecto de obra, de acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación.

También se ha acabado con la exigencia de licencia cuando hay un cambio de titularidad de las actividades comerciales y de servicios: a partir de ahora bastará con presentar una comunicación previa a los meros efectos informativos.

El Gobierno andaluz considera que la mejora de la regulación económica es una prioridad en el contexto actual, con el objetivo de promover un clima favorable para la apertura de empresas y negocios en Andalucía. Esta apuesta es lo que ha llevado al impulso y aprobación de esta Ley, que además de los cambios apuntados, ha permitido desarrollar una importante labor de simplificación administrativa que ha permitido reducir 64 procedimientos que afectan a la actividad económica derivados de normativa autonómica.

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía ha colaborado en este proceso en el que han participado también las Consejerías de la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.