El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha reiterado este martes que el Ejecutivo autonómico no valora "nunca" decisiones judiciales y que, por tanto, tampoco se pronunciará sobre el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado imputar en la causa sobre el posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas a los ex secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

"Saben que sobre decisiones judiciales nosotros no valoramos nunca, sea cual sea la decisión judicial, el comentario judicial o el hito judicial que se produzca", ha dicho para contestar a los periodistas que, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, le han preguntado por este escrito que el Ministerio Público ha elevado al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla para pedir al juez Juan Jesús García Vélez que cite a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación "directa" en las actividades investigadas.

En esta línea, y tras insistir en que desde el Gobierno andaluz no se emiten "opiniones" sobre autos judiciales, Vázquez se ha limitado a recordar que la "obligación" de la Junta de Andalucía es la de "colaborar con la justicia". "Y toda la información que nos solicite la pondremos a su disposición", ha concluido.

De otro lado, y tras ser cuestionado sobre el hecho de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de Andalucía haya detectado, según publica este martes 'El Mundo', "indicios de delito por malversación de caudales públicos" en una partida de 57 millones concedida por la Junta a 95 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), el portavoz ha señalado que la última noticia que tiene el Ejecutivo autonómico sobre este asunto es relativa al "archivo por parte del Tribunal de Cuentas de la investigación que tenía abierta".

"Se archivan esas diligencias y se considera que no existe responsabilidad contable por parte de la Administración", ha recalcado Vázquez, quien ha insistido en que se "archivó la denuncia porque no se aprecia que haya mal uso contable de los fondos públicos".

La junta paga "según la ley"

Por otra parte, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, —que acompañaba a Vázquez en la rueda de prensa para explicar el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)—, ha asegurado que la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) de la Junta "paga a sus trabajadores lo que marca la ley andaluza".

De este modo se ha referido a una información publicada por 'ABC' en la que se afirma que la Administración autonómica se "salta la ley y recorta pagas inferiores a mil euros", motivo por el que el sindicato CSI-F ha presentado en ante el TSJA una demanda de conflicto colectivo contra esta agencia por el recorte del cinco por ciento en la paga extra de los empleados que cobran por este concepto menos de mil euros.

Según la consejera, desde Amaya se le ha trasladado que se está "analizando la denuncia" para dar una respuesta a la misma pero que, en cualquier caso, "en todo momento se está cumpliendo la legislación vigente". Lo que ocurre, en su opinión, es que el sindicato "hace las cuentas sobre 14 meses" y no sobre 12 pagas, que son las que reciben estos empleados.