El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) considera que la nueva normativa de la Junta de Andalucía para reducir las trabas administrativas para las empresas es "positiva, pero insuficiente ante el exceso de burocracia" y, entre las medidas que propone, ha reclamado que se adecue el marco regulatorio al tamaño de la empresa y evitar así que "las pymes soporten cargas desproporcionadas".

Así lo ha señalado el OEA en su informe 'Simplificación administrativa y mejora regulatoria en Andalucía', presentado este martes y donde recoge la opinión del OEA sobre la ley recientemente aprobada por el Parlamento andaluz en relación a estas materias y se aportan propuestas para mejorar la situación en ellas y lograr el objetivo propuesto.

De esta manera, el OEA ha propuesto reducir las cargas administrativas mediante un cribado de la legislación que suprima o reduzca obligaciones de información o evaluación, suprima la presentación de documentos superfluos o reduzca su frecuencia, o remita su presentación a la finalización de los procedimientos.

También reclama la agilización del procedimiento administrativo, realizando los trámites de oficio, integrando diferentes procedimientos en uno solo, generalizando el silencio administrativo estimatorio o acortando los plazos de resolución y mejorando los formularios.

El OEA pide que se despliegue un proceso de revisión normativa que reduzca el número de leyes y reglamentos, elabore textos que integren todas las modificaciones que han experimentado las normas a lo largo de su vigencia y publique la legislación consolidada en plataformas fácilmente accesibles.

Asimismo, señala la necesidad de prohibir a los tramitadores de expedientes que exijan requisitos no explícitos, implantar la evaluación de impacto normativo para las nuevas disposiciones y prestar asistencia a las entidades locales para que impulsen la simplificación.

A su vez, el Observatorio Económico de Andalucía ha llamado la atención sobre la necesidad de implantar unas técnicas de simplificación para optimizar esta práctica.

Entre estas, ha apuntado la atribución expresa de la competencia para impulso y coordinación de las iniciativas de simplificación administrativa a un órgano del máximo nivel político, enclavado en el Gobierno de la Junta de Andalucía y aprobar un programa de actuaciones que articule la implantación de las medidas, con plazos específicos de ejecución; y verificación de su aplicación efectiva con revisiones periódicas y garantías de cumplimiento.