El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha firmado una resolución en la que insta tanto a la Junta de Andalucía como a las universidades públicas andaluzas a mejorar la regulación de la normativa, en el primer caso, y su política de comunicación e información, en el segundo, respecto al programa Erasmus, cuyos "problemas y avatares" en los últimos años ha propiciado la recepción de un número importante de quejas estudiantiles por parte de la institución.

Concretamente, en esta resolución, consultada por Europa Press, Maeztu sugiere a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, competente en la materia, a asumir el compromiso de regular anualmente mediante la orden correspondiente la determinación de la cuantía de las ayudas adicionales ofrecidas para cada curso académico por la Junta al alumnado participante en el programa.

Y es que, partiendo de una calificación "positiva" de la actuación de la Junta en tanto que administración que ha decidido implicarse en la financiación de unas becas con gran aceptación por parte del alumnado universitario andaluz, el Defensor pone el énfasis en la confusa redacción del acuerdo de 2008 que regula las condiciones, así como en el hecho de que el mismo garantizara la ayuda necesaria hasta llegar a los 600 o 900 euros —dependiendo de si existía o no beca del Ministerio— hasta que en el curso 2010-11 decayó la aportación estatal y de la Unión Europea, sin que la Junta variase al alza las cantidades.

Asimismo, y como uno de los puntos principales, el Defensor insta a la administración regional a solventar "sin más dilación" uno de los principales problemas, que arrastra desde el acuerdo del Consejo de Gobierno de junio de 2008, como es el de la falta de regulación de los requisitos de aprovechamiento que debe cumplir el alumnado becario para poder recibir la financiación complementaria acordada por la Junta.

Al respecto, Maeztu recuerda que no se trata de un tema "baladí", en tanto que un estudiante que complete la estadía en un país extranjero al amparo de este programa que, no obstante, no haya podido acreditar el aprovechamiento académica deberá reintegrar la ayuda complementaria del Ejecutivo autonómico.

Así, la institución no ha logrado hacerse con la plasmación documental del acuerdo "y, en todo caso, es evidente que un mero acuerdo entre administraciones no tiene entidad jurídica suficiente para regular y condicionar el derecho de los ciudadanos a la percepción de unas ayudas públicas". El criterio de aprovechamiento, agrega, "ha carecido de soporte normativo válido para su aplicación".

Sin embargo, el Defensor del Pueblo sí se muestra de acuerdo con el 'modus operandi' de la Junta en otro de los aspectos criticados por estudiantes, el de modular la cuantía de la ayuda en función del nivel de vida del país de destino del becario, utilizando para ello el Estándar de Poder Adquisitivo que publica la Unión Europea, una medida que la oficina considera "muy acertada, oportuna y necesaria", si bien vuelve a incidir en que una iniciativa de este calado no puede tomarse mediante un "mero" acuerdo.

Pide compromiso de financiación estable de varios años

Algunos de estos puntos quedaron solucionados con la aprobación de un nuevo acuerdo del Consejo de Gobierno de mayo de 2013. Con todo, el Defensor también anima a la Junta a asumir un compromiso de financiación estable del programa Erasmus que alcance varios años y que se promueva la asunción de idéntico compromiso por parte de la administración del Estado y la Unión Europea.

Por último, el ente también insta a modular la cuantía de las ayudas adicionales concedidas al alumnado participante en función de criterios de capacidad económica de la unidad familiar, sin limitar dicha modulación a la acreditación o no de la condición de becario del alumnado, y se impulse, igualmente, un compromiso similar de España y Europa.

En lo tocante a las sedes académicas, Maeztu les sugiere que, en colaboración con la Dirección General de Universidades, elaboren un documento informativo sobre las becas Erasmus que, "de forma clara y comprensible", ofrezca al alumnado y a sus familias la información necesaria acerca de dicho programa de intercambio, en particular por lo que se refiere al montante de las ayudas a percibir, los plazos y procedimiento de cobro y las administraciones financiadoras.

Ello, después de que algunas universidades, como resultado del recorte de las administraciones, decidieran anticipar ayudas e incluso asumir con cargo a sus propios presupuestos el complemento de las mismas, acción "loable" pero que desembocó en una gran confusión al no venir acompañada de una labor adecuada de explicación de los motivos de tales decisiones, lo que causó que muchas de las quejas de alumnos insistieran en culpar a las propias universidades de los problemas de financiación.