La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de cinco años de cárcel a un interno del Centro de Menores Zambrana, J.D.V, que en diciembre de 2012, cuando entonces contaba con 18 años, intentó violar a una educadora social cuando ésta le acompañó a su habitación tras fingir el condenado una indisposición que, sin embargo, era una simple excusa para estar a solas con ella.

El Ministerio Fiscal y Fremap, personada como acusación particular, habían solicitado cinco años por la agresión sexual en grado de tentativa (artículo 179 del Código Penal) y otro año más por un delito de lesiones, mientras que la propia víctima, también como acusadora particular, había elevado la petición a casi siete en total y la defensa la había rebajado a un año y medio de privación de libertad.

La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, impone ahora al acusado cinco años por la tentativa de violación y otros tantos de prohibición de acercarse a su víctima a menos de 300 metros, junto con la obligación de indemnizarla en la cantidad de 18.000 euros por las lesiones, secuelas y perjuicio moral causado y con otros 5.554 euros a Fremap por los gastos de la asistencia sanitaria prestados a la mutualista.

Por contra, el joven ha quedado absuelto del delito de lesiones al entender el tribunal que éstas quedan ya subsumidas en la intimidación o violencia que requiere la comisión del delito de agresión sexual.

Para el abono de las indemnizaciones, la Audiencia de Valladolid considera a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, titular del Centro Zambra, responsable civil subsidiaria de las mismas y directa a la compañía Mapfre, con la que la Junta tenía suscrita una póliza de cobertura.

Medidas de seguridad insuficientes

En su fundamentación, la Sala que preside José Luis Ruiz Romero pone de manifiesto que en la actualidad la zona donde se produjeron los hechos cuenta con una cámara de vigilancia, medida que no existía en 2012, y, "lo que es más importante", se permitió que el agresor, "condenado ya en el ámbito de menores por su actividad delictiva previa a alcanzar su mayoría de edad", acudiera a su habitación conducido tan sólo por una educadora y sin que ambos fueran acompañados por un vigilante de seguridad.

Los hechos que han concluido en sentencia condenatoria se remontan al 27 de diciembre de 2012 cuando J.D.V, de 18 años e interno en el Zambrana, donde cumplía una sentencia dictada por un Juzgado de Menores de Zamora, se encontraba sobre las 18.30 horas con otros jóvenes de su unidad realizando una actividad en el gimnasio.

El condenado aseguró entonces sentir un fuerte dolor de cabeza y ante ello la víctima, una educadora social que trabajaba en el centro como Técnico de Atención Directa, decidió llevarle al comedor a merendar y a tomar una pastilla. No obstante, al referir el agresor que persistía su indisposición, la joven optó por acompañarle hasta su habitación, zona que, como así ha dictaminado el tribunal, carecía en aquellas fechas de cámara de vigilancia.

Fue al abrir la puerta de la habitación cuando J.D.V. aprovechó para empujar a la educadora e introducirla en la dependencia, tras lo cual cerró la puerta—no puede ser abierta desde el interior— y ambos quedaron encerrados, momento en el que el condenado ya advirtió a la trabajadora que iba a ser sólo un "momento" y la conminó a no gritar por que iba a ser "peor", y todo ello mientras la zarandeaba e intentaba inmovilizar para que no pidiera ayuda.

Además de arrebatar a la técnico el teléfono de la unidad, las llaves y el botón del pánico que llevaba, el acusado la arrojó contra una de las camas y aprovechó entonces para colocarse encima de ella, besarla en la boca, desnudarla y tocarle los genitales, el culo y los pechos.

Acto seguido, la colocó de espaldas a él y trató hasta en dos ocasiones de penetrarla vaginalmente, propósito que no pudo conseguir gracias a la fuerte resistencia de la trabajadora y, sobre todo, a la pura casualidad ya que en ese momento hicieron acto de presencia otro educador y dos vigilantes de seguridad que auxiliaron a la víctima e impidieron que se consumara la violación.

A consecuencia de este episodio, la joven sufrió numerosas lesiones físicas de las que tardó en curar 82 días, todos ellos con impedimento para el desempeño de sus ocupaciones habituales, pero además le ha dejado como secuela un síndrome de estrés postraumático que dificulta su reincorporación al puesto de trabajo.