El exconcejal de Independientes por Arroyo de la Encomienda (IPAE), Luis Miguel Jara de Castro, ha justificado hoy ante el juez que su desmarque del equipo municipal de gobierno, que ha supuesto su renuncia y pase al grupo no adscrito, obedece a la "angustia" que tanto él como su familia sufren por la incertidumbre de no saber si el alcalde, José Manuel Méndez, está incurriendo o no en un delito de usurpación de funciones por seguir en el cargo a pesar de haber sido condenado.

El hasta hace unas semanas responsable del área de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Nuevas Tecnologías, acompañado de su abogado, Luis Lavín, ha comparecido hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid y, a diferencia de los tres excompañeros que habían sido también citados, Rocío de Fuentes Chillón, José Antonio de Frutos Velasco y Virginia Ingelmo Rubio, ha respondido a todas las preguntas formuladas por el juez y los representantes de las distintas partes personadas.

En el transcurso del interrogatorio, que se ha prolongado durante más de veinte minutos, Jara ha insistido en que su dimisión como concejal de IPAE, presentada el pasado día 22 de septiembre, se fundamenta en el temor de estar incurriendo en delito por no obligar al alcalde a dimitir, tal y como viene reclamando Arroyo Siglo XXI y que llevó a dicha asociación a interponer una querella no sólo contra el regidor sino contra los otros once integrantes del equipo de gobierno.

En su declaración, el exconcejal de IPAE ha recordado que desde que el pasado día 21 de febrero el abogado de la citada asociación remitiera un escrito al Ayuntamiento advirtiendo de la ilegalidad de mantener como alcalde a Méndez, condenado a tres años de prisión y dieciséis de inhabilitación por el 'Caso Arroyo', ni las reuniones de grupo, ni los plenos celebrados y ni siquiera el informe emitido por el secretario municipal, Carlos Rodríguez Fermoso, avalando la legalidad de la situación, han despejado sus dudas al respecto.

"Él no ha visto ese informe y desconoce también si para aclarar el tema se han pedido otros dictámenes a la Diputación u otros organismos, y por ello al conocer la querella contra todo el equipo de gobierno y desconocer quién tiene razón ha optado por dimitir", ha explicado el abogado Luis Lavín, encargado de la defensa de Luis Miguel Jara y quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha advertido de que si hasta ahora esa dimisión no se había materializado es porque su patrocinado creía que estaba amparado por el informe del secretario, "que es el que tiene que velar por la legalidad".

Por este motivo, la defensa de Jara ha anunciado su propósito de solicitar en las próximas horas la comparecencia en sede judicial del secretario del Ayuntamiento arroyano, Carlos Rodríguez Fermoso, para que explique los fundamentos del polémico informe.

Convencido de la imputación

Frente a la convicción de Lavín de que los querellados no han incurrido en delito alguno, el abogado que presentó la querella en representación de Arroyo Siglo XXI, José María de la Red, ha sido categórico al mostrar su absoluta certeza de que el juez instructor dictará en las próximas horas auto de imputación contra el alcalde y sus concejales "porque las cosas están muy claras: éstos no han hecho lo que tenían que hacer y hay un señor que está ocupando un cargo que ha perdido".

Hasta la fecha el juez instructor de la querella cuenta únicamente con la declaración de Luis Miguel Jara, ya que tanto el alcalde, José Manuel Méndez, como sus otros diez concejales, siguiendo el consejo de su abogado, Javier Gómez de Liaño, se han negado a prestar testimonio.

Y es que entiende que la testifical debería de posponerse debido a que el recurso contra la admisión a trámite de la querella aún no ha sido resuelto por la Audiencia de Valladolid y porque el Supremo tampoco se ha pronunciado todavía respecto del recurso de casación que el regidor y interpuso contra la sentencia condenatoria del 'Caso Arroyo' de corrupción urbanística.