El exdirectivo de Vitalia Eduardo Pascual ha ampliado este viernes su declaración ante la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que una aseguradora catalana, llamada Fortia Vida, recibió "100 millones de euros de la Junta de Andalucía" por asumir una serie de prejubilaciones de varias empresas, y ello merced a un "acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz".

Pascual, que permaneció durante un año en prisión por orden de Alaya, ha decidido ampliar las declaraciones efectuadas con anterioridad y ha atendido las preguntas de la juez. Tras su comparecencia ni la Fiscalía ni el resto de las acusaciones han solicitado la modificación de las medidas cautelares sobre Pascual, ya imputado en la causa por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación en relación con los ERE de las empresas Hitemasa, Samec y Primayor.

Según el acta de la declaración, consultada por Europa Press, este imputado ha señalado que la Generalitat autorizaba a Fortia a realizar operaciones fuera de Cataluña "siempre que las pólizas se suscribieran en Cataluña, lo cual es un criterio contrario a la Dirección General de Seguros" y en su opinión apoya la tesis de la "connivencia entre el PSC catalán y el PSOE andaluz".

Este viernes también ha acudido a declarar la exdirectiva de Vitalia María Vaqué, que también estuvo en prisión por su implicación en el caso ERE y que se ha acogido a su derecho a no declarar ante Alaya. Por su parte, el exdirector general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, también se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez, aunque su abogado ha presentado un escrito ante la magistrada en el que se desvincula de la tramitación de los ERE en los que aparece relacionado en la causa, relativos a la empresa Hitemasa.