La juez de Sevilla que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha citado a declarar este viernes como imputados a un exdirector general de la agencia IDEA y a dos exdirectivos de Vitalia, que comparecerán ante la instructora después de que ésta dictara un auto en el que ampliaba sus imputaciones e imputaba a otras 20 personas.

De este modo, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar este viernes al exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y a los exdirectivos de Vitalia María Vaqué y Eduardo Pascual, comparecencias previstas inicialmente para principios de semana pero que fueron suspendidas por distintos motivos.

Los tres han sido citados a declarar en relación a los ERE de Hitemasa, Samec, Primayor e Inverjaén.

Hay que recordar que tanto María Vaqué como Eduardo Pascual llegaron a estar en prisión por su implicación en el caso ERE, aunque la primera salió en libertad el pasado mes de marzo tras pagar una fianza de 50.000 euros y Pascual hizo lo propio en junio después de abonar la fianza de 6.000 euros impuesta por la juez Mercedes Alaya y la fianza de 5.000 euros que le impuso la Audiencia Nacional a raíz de su imputación en el caso Eurobank.

A lo largo de la semana, han comparecido una veintena de imputados ante la juez Alaya, aunque una gran mayoría de ellos se han acogido a su derecho a no declarar, entre ellos todos los exaltos cargos de la Junta citados, como el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, o los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

También ha comparecido ante la juez el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Lamela, en su caso por la ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva, y que también se negó a declarar ante la juez.

De este modo, los únicos imputados citados esta semana que han accedido a declarar son, en relación al ERE de Primayor, el jefe de Personal, Luis Sobrino; el director de Recursos Humanos, Felipe Monforte, y el director general, Ramón Portal, los cuales, según Alaya, "instaron un ERE para 50 trabajadores que fue financiado en el 91 por ciento por la Junta, con total ausencia de procedimiento".