La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha asegurado este jueves en el pleno del Parlamento que la actual ley de plazos es "más segura y garantista" para las mujeres y que de haberse aprobado la Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de las Embarazadas "hubiese sido una ley peligrosa", en tanto "las políticas más restrictivas desembocan en el uso de métodos clandestinos e inseguros de interrupción del embarazo".

En este sentido, ha manifestado que la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo es una "ley garantista y progresista", que cuando se aprobó "sí respondió a la necesidad y a la demanda de reformar la antigua norma (de 1985) para convertirla en una ley de plazos", una normativa que, además, está permitiendo reducir el número de abortos en la comunidad. Concretamente, en 2013 descendió un once por ciento respecto a 2012 y un siete por ciento desde 2010.

Sánchez Rubio ha reiterado que la retirada del anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de las Embarazadas es lo que Andalucía "ha exigido durante meses" y que "de haberse aprobado, hubiese sido una ley peligrosa", en tanto "las políticas más restrictivas desembocan en el uso de métodos clandestinos e inseguros de interrupción del embarazo".

La máxima responsable de la sanidad andaluza ha destacado que la retirada de la reforma de la Ley del aborto es un "es un éxito de toda la sociedad en la lucha por los derechos y las libertades", canalizado en Andalucía a través del Consejo de Participación de las Mujeres (CAPM).

Asimismo, ha recordado que la postura de la Junta de Andalucía siempre ha sido la de pedir la retirada de un anteproyecto que vulneraba los derechos y libertades de las mujeres, que no establecía regulación sobre la estrategia de salud sexual y reproductiva.

En este sentido, la actual Ley de 2010 ha posicionado a España al nivel de países del entorno y reconoció el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad libre y responsablemente. La mayoría de los países europeos reconocen el aborto por libre decisión de la mujer entre las ocho y las 24 semanas en función del país (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, etcétera) y otros lo permiten por indicaciones tan amplias que en la práctica supone la libre decisión de las mujeres (Inglaterra, Finlandia e Islandia). En Europa sólo dos países (Irlanda y Polonia) mantienen una legislación limitada a situaciones de riesgo vital para la mujer y uno (Malta) lo prohíbe totalmente.