El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles por unanimidad el proyecto de Ley de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para empresas, que prevé la eliminación del 33 por ciento de los procedimientos de ámbito autonómico para la autorización de actividades económicas.

Esta nueva norma, que responde a un compromiso de investidura de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, plantea la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes para eliminar 64 trámites actualmente vigentes a nivel autonómico.

Además, agiliza también el trámite de calificación ambiental en 36 actividades, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.

De los 64 procedimientos recogidos, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de 'declaración responsable', que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente. Todos ellos se suman a los 85 ya simplificados por la Junta desde el año 2011, lo que hace un total de 149.

En mayor o menor medida, la nueva Ley de reducción de trabas administrativas considera que estas autorizaciones no están justificadas por razones de interés general o son innecesarias o desproporcionadas. Entre las que se simplifican o eliminan, las más numerosas corresponden a actividades económicas relacionadas con la salud y los servicios sociales, el medio ambiente y el juego y los espectáculos públicos.

De este modo, se incluyen las relativas a la construcción o creación de centros de servicios sociales; el establecimiento de horarios especiales en hostelería de hospitales, aeropuertos y estaciones de servicio, o el uso y aprovechamiento de terrenos forestales.

Los 64 procedimientos simplificados forman parte del catálogo de los 220 derivados de la normativa autonómica que el Gobierno andaluz ha analizado exhaustivamente desde principios de este año para estudiar sus posibilidades de agilización. De ellos, se identificaron 26 afectados también por la legislación estatal, sobre los que no se puede actuar. De los 194 restantes, 130 se mantienen por razones de interés general, orden público, seguridad y salud pública, medio ambiente o protección del patrimonio histórico.

Para la agilización de los 64 trámites finalmente seleccionados, esta ley dispone la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes. Las leyes afectadas son la de Juego y Apuestas; la de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética; la de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; la reguladora de la Mediación Familiar; la de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; la de Sociedades Cooperativas, y la de Salud Pública, así como el decreto legislativo que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior.

Da confianza a los ciudadanos

Por parte de IULV-CA, ha intervenido en la tribuna del Parlamento el diputado Ignacio García, que ha indicado que este proyecto de ley tiene que encontrar "el necesario equilibro" entre la agilidad administrativa, la desburocratización y el papel garante del Estado, que debe ser "capaz de dar confianza a los ciudadanos cuando acuden a determinados elementos de consumo".

García, que ha asegurado que las aportaciones de IULV-CA han logrado "matizar y pulir algunos aspectos", se ha referido a la reducción de plazos para la creación de distintos tipos de empresas. "Ya no se podrá decir en Andalucía que los plazos de tramitación son un problema y que existen dificultades para la creación de empresas", ha apuntado.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Javier Aragón, que ha agradecido a los agentes sociales y económicos su colaboración en la elaboración del proyecto de Ley, ha celebrado que el Gobierno andaluz haya sido "pionero" en esta área de la reducción de trabas administrativas "reduciendo barreras y garantizando una legislación inteligente en beneficio de sus ciudadanos y de la economía actual".

A su juicio, esta norma no sólo apuesta por "la transparencia y la accesibilidad" sino también por una "buena y adecuada regulación" de las actividades y negocios que se puedan crear en la comunidad y por un "mejor diálogo" entre la Administración y los administrados. También ha destacado que servirá, desde una perspectiva "progresista", para mejorar las relaciones económicas y hacer "más atractiva esta tierra", con "menos precariedad y más estabilidad".

Finalmente, el parlamentario del PP-A Rafael Carmona ha agradecido que el decreto ley inicial se haya tramitado como proyecto de ley, lo que ha servido de mucho porque el texto se ha "mejorado enormemente". Ha puesto en valor que se haya conseguido implicar a todos los sectores.

"Se ha conseguido proyecto un texto bastante mejorado, del que estamos orgullosos todos", ha expresado Carmona, quien ha confiado en que la medida 'Emprende más', para favorecer la creación de empresas, sea bien gestionada y dé los resultados que se esperan. Según el diputado popular, el camino es el del "consenso, el encuentro y tener claras las medidas que necesita Andalucía para salir de la crisis".

Ha cerrado el debate el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, quien ha agradecido "el buen trabajo" que han realizado los grupos y los agentes económicos y sociales para mejorar el texto inicial, así como también el tono que han mantenido durante este debate. En su opinión, con esta normativa "se da respuesta" a uno de los principales problemas que aparecen en los barómetros económicos: el exceso de burocracia.