La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha anunciado que la Junta de Andalucía contará con un Plan de Investigación en Servicios Sociales para los próximos cuatro años.

Durante la conferencia que ha pronunciado en el Foro Joly celebrado este lunes en Granada, titulada 'Políticas Públicas en Salud y Dependencia', Sánchez Rubio ha asegurado que, tras un análisis de la actividad investigadora actual, se ha detectado que se cuenta con un importante grupo de investigadores y que el objetivo es unificar criterios y aunar líneas estratégicas que aseguren la innovación y la mejora continua de los servicios sociales, junto al desarrollo profesional de todas las personas que trabajan en esta área.

El Plan, por tanto, permitirá favorecer la transferencia del conocimiento en este ámbito e irá de la mano de un impulso a la formación de los profesionales que trabajan en este sector, como ya se hace en el sistema sanitario público. Este lunes, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, se está celebrando la primera reunión del grupo de trabajo para la puesta en marcha de este Plan.

Asimismo, la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha avanzado que también esta semana está prevista la aprobación del anteproyecto de ley de Juventud.

En su defensa de las políticas sociales, Sánchez Rubio ha denunciado que ante la derogación encubierta de la Ley de Atención a la Dependencia, Andalucía sigue siendo líder en número de personas atendidas y en prestaciones concedidas y que este derecho es una prioridad para Andalucía, en cuanto se protegen los derechos de las personas más vulnerables.

Pero además se trata de un sector que crea empleo de calidad, con un marcado carácter social, que tiene futuro y beneficia especialmente a los jóvenes y las mujeres, generándose un retorno económico de hasta el 40 por ciento y 30 empleos directos por cada millón invertido, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Sánchez Rubio ha recordado el compromiso adquirido por el Gobierno andaluz con las organizaciones integrantes de la mesa del Tercer Sector, con un calendario de pagos que sitúa el plazo de pagos en una media de 60 días y ninguno supere los 90.

A su juicio, otro ejemplo de la distancia que se marca entre la Administración autonómica y la estatal es el Decreto de Inclusión aprobado en abril 2014, un conjunto de medidas de carácter extraordinario y urgente que ha puesto en marcha el Gobierno de Andalucía con el objetivo de luchar de forma eficaz contra la exclusión social y también de promover la integración laboral.

En total, se estima que estas medidas han alcanzado a 160.000 personas con escasos recursos económicos al año, especialmente los colectivos más vulnerables, como son niños y mayores.