La vista sobre el plan de derribos de Argoños, celebrada este jueves en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha concluido sin acuerdo, después de que la promotora de las sentencias de demolición en la región, Arca, haya rechazado el sistema de realojo escalonado en otras viviendas planteado por el Ayuntamiento para las 250 familias afectadas que hay en el municipio.

La asociación ecologista se ha opuesto a esta pretensión al entender, según ha manifestado su abogada, que las sentencias están para que "se ejecuten", por lo que -ha avisado- no van a acceder a "no ejecutar ninguna sentencia" ni a "legalizar lo indebidamente construido".

La propuesta, sin embargo, ha contado con el visto bueno del Gobierno autonómico y de los representes de las ocho urbanizaciones de Argoños sobre las que pesa orden de derribo, que se distribuyen en diez procedimientos judiciales. Todos ellos han considerado "razonable" el planteamiento de la administración local para ir realojando, de manera rotatoria y progresiva, a los propietarios afectados por las demoliciones en otras viviendas, hasta que se derriben las suyas y les construyan una nueva o les abonen la correspondiente indemnización. Esta situación está prevista, en un principio, para once vecinos del Camino del Portillo, en la urbanización Las Llamas II.

Pero del sistema de realojo provisional también se hubieran beneficiado los otros 244 propietarios implicados en el municipio, los de las viviendas restantes de Las Llamas II y los de Las Llamas I, La Llana I y II, Pepín Cano, Pueblo del Mar, Munargo y Satec, viviendas todas ellas que, según el Plan de Derribos del Ejecutivo cántabro, se podrían llegar a legalizar, primero con la concesión de autorizaciones provisionales y, después, con licencias definitivas tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La propuesta del Ayuntamiento de Argoños es "similar" a la que en su día realizó el de Arnuero para las 144 viviendas de La Arena (y que, a priori, se van a demoler, pero no hasta 2018, según el consenso alcanzado). Ante esto, desde Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por derribos — algunos de los cuales han seguido la vista en el TSJC— han lamentado la "cerrazón" de Arca. Y es que, a su juicio, derribar una casa para construir otra "igual" y "en el mismo lugar" es algo "penoso", además de una "atrocidad", tanto desde el punto de vista racional como jurídico, según ha manifestado a Europa Press el presidente de AMA, Antonio Vilela.

"Se va a hacer un auténtico ridículo por parte de las administraciones públicas", ha vaticinado el portavoz del colectivo, que también ha tachado de "salvajada" el hecho de "dilapidar" el dinero para derribar y construir después "en el mismo sitio", ha insistido.

Vilela, que ha preguntado a la asociación ecologista "qué intereses ecológicos hay en derribar una casa para construir otra en el mismo lugar", ha explicado a esta agencia que, ante la falta de acuerdo por parte de Arca, el proceso de ejecución de sentencias de demolición continúa, de modo que "aparecerán autos de derribo". Así, según ha expresado, "los afectados ven sus casas derribadas, sin tener otra ni ser indemnizados". Por todo ello, creen que el futuro es ahora "más pesimista" que cuando comenzó la legislatura.

ARCA:

"las sentencias están para que se ejecuten"

La asociación ecologista Arca, que "sabe" las dificultades económicas de los ayuntamientos para acometer los derribos e indemnizar a los afectados, se ha mostrado "respetuosa" con los tiempos para proceder a las demoliciones, pero, como ha manifestado en la vista su abogada, las sentencias están para que "se ejecuten", por lo que no van a acceder a "no ejecutar ninguna sentencia".

En este sentido, la letrada se ha referido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo, dictada el pasado mes de julio, de acuerdo con la cual las "actuaciones ilegales no pueden contar con el respaldo de los tribunales, que están sometidos a la ley y no a cuestiones de oportunidad", según ha reproducido.

A su juicio, la actuación de administraciones como los ayuntamientos pasa por tratar "reiteradamente" de "eludir" el cumplimiento de fallos judiciales, frente a lo que la agrupación, ha avisado su representante, "no va a acceder a un nuevo plan para legalizar lo indebidamente construido".

Al hilo, ha apuntado que un Consistorio, como a su entender ha hecho el de Argoños en la vista, no puede presentarse como "víctima" en un proceso en el que es responsable de una actuación "ilegal", independientemente de quien sea alcalde cuando se comete la citada actuación.

"el alcalde no tiene nada que ver;

Se dedica a descabezar anchoas"

Con estas palabras, la representante legal de Arca ha respondido a las palabras de su homólogo en el Ayuntamiento, que ha defendido que el alcalde de Argoños es un hombre "joven", que no tiene "nada que ver" con lo que ocurrió en la década de los 90 ya que, además, "se dedica a descabezar anchoas".

El abogado del Consistorio ha resaltado no obstante la disposición de esta administración a asumir el "compromiso" de aprobar el PGOU y ejecutar el plan de derribos de la manera "más razonable". Y, precisamente, con este fin, había planteado la posibilidad de ir realojando a las casi 250 familias afectadas del municipio en viviendas construidas a tal efecto, y hasta que se levante una nueva para los propietarios de casas condenadas al derribo o se les abone la oportuna indemnización.

Todo ello, y según explicó el abogado en la sesión, en fases y según los tiempos que marcara la propia Arca, de modo que a "más" fases, "menos" viviendas de realojo a construir y viceversa.

Este sistema "escalonado" de realojos, que se llevarían a cabo mediante "rotaciones", pareció "razonable" al Gobierno de Cantabria, partidario igualmente de que la ecologista marque los tiempos para la ejecución del proceso. La iniciativa también contó con el visto bueno de la defensa de las distintas urbanizaciones y procesos abiertos con motivo de los derribos de Argoños, que la tacharon asimismo de "razonable", aunque finalmente no se llegó a ningún consenso por la oposición de Arca y la vista concluyó sin acuerdo.

Protesta en santander

De forma paralela a la asistencia de un grupo de AMA a la vista en el TSJC, cerca de un centenar de afectados por derribos se han manifestado por Santander, ante la sede del Gobierno regional, frente a las esculturas del Mundial de Vela y en el TSJC.

La marcha, a cargo del Grupo del Jueves, se ha realizado bajo el lema 'Nos estáis destrozando la vida', y con ella han pedido al Ejecutivo autonómico y a su presidente, Ignacio Diego, que "cumplan sus promesas", y en concreto la de que "esta legislatura" iba a haber "una solución" para "todos" los afectados.

Y acercándose a Puertochico, a los "monigotes" del Mundial (esculturas con forma del muñeco de los inocentes y "símbolo" de los afectados), desde Ama pretendían "decir al mundo" que las administraciones públicas "no pueden ocasionar un problema", sino que están para "solucionar problemas". "Los afectados queremos acabar con esto, porque la situación está acabando con nosotros", ha concluido Antonio Vilela, que ha calificado de "maltrato" la situación que están padeciendo con este problema, que dura ya cerca de "20 años".