Uno de los mayores escándalos inmobiliarios que se recuerdan en la región, la presunta estafa de la Comercializadora Peninsular de Vivienda (CPV) en 2002, rompió en mil pedazos los sueños de unas 900 personas que, cinco años después, siguen sin su vivienda.

 

 Los abogados pedirán por este supuesto fraude de más de 30 millones de euros, 13 años de prisión para los responsables
 Otros 300 afectados, en cambio, consiguieron casas protegidas a través del Ayuntamiento de Madrid.

Seis imputados, incluido el administrador, Francisco García, se sientan hoy en el banquillo en el inicio del juicio en la Audiencia Provincial.

Los abogados, una legión de unos 50 letrados, pedirán por este supuesto fraude de más de 30 millones de euros, 13 años de prisión para García y sus administradores (entre ellos, dos de sus hijos) y penas de 6 a 7 años para otros dos imputados.

La Fiscalía, por su parte, pide penas de entre 4 y 16 años, 82 en total.

Según Luis García Botella, uno de los abogados de la acusación, los afectados esperan recuperar parte del dinero que invirtieron.

Cuando estalló el escándalo, la mayoría había pagado 24.000 euros. Hasta ahora sólo les han devuelto entre un 20% y un 43% del dinero. El juicio durará hasta julio. La defensa pide la libre absolución para los acusados.

5 preguntas sobre... La presunta estafa

1 ¿Qué era la CPV?

Una promotora de vivienda que ofreció casas de dos dormitorios a 75.000 euros y de tres a 96.000. La empresa sólo tenía suelo para construir 50 pisos, aunque captó a 1.200 familias.

2 ¿Dónde se iban a construir los pisos?

En los nuevos barrios de Montecarmelo, Las Tablas y Sanchinarro.

3 ¿Los afectados recibieron ayudas?

La Empresa Municipal de la Vivienda cedió suelo para unos 300 afectados que cumplían los requisitos para optar a una vivienda protegida. El resto se quedó sin el anhelado piso y a la espera del juicio, que comienza hoy.

4 ¿Qué pasó con el dinero?

La promotora se declaró en quiebra. Otra empresa compró un 43% del crédito de los acreedores, por lo que algunos afectados recuperaron parte de su inversión.

5 ¿Quiénes son los responsables de la CPV?

El director, Francisco García, asumió la responsabilidad por la presunta estafa, aunque hay más imputados. Nadie está en prisión.