La Audiencia de Valladolid ha resuelto mantener la fianza de 30.000 euros que el Juzgado de Instrucción número 4 impuso al que fuera jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento, Luis Alberto Samaniego Conde, imputado por, presuntamente, haber favorecido a empresas vinculadas a él mismo, su hijo y un primo en la adjudicación de obras menores y servicios cuyo volumen global podría superar los 11,2 millones de euros.

El auto de la Sección Cuarta de lo Penal, en consonancia con la postura de la Fiscalía, desestima así la pretensión del imputado de que dicho tribunal dejara sin efecto la imposición de la fianza y la obligación de personarse el día 1 de cada mes en dependencias judiciales que la jueza instructora, María de los Ángeles Palmero, le impuso como condición para eludir la prisión provisional, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La sala justifica el mantenimiento de la medida en la gravedad de la conducta analizada y en el hecho de que, indiciariamente, la misma ha sido cifrada en un fraude superior a los once millones de euros.

Pero además, el tribunal que preside José Luis Ruiz Romero califica de "insólito" que fuera el propio imputado quien se ofreciera voluntariamente a entregar su pasaporte a la jueza instructora. Al respecto, la sala recuerda que las medidas cautelares las impone el instructor, no el imputado, por lo que atribuye la decisión de Samaniego a un intento de éste de lograr que se sustituyera la fianza por la entrega de dicha documentación.

Lo que aún no ha quedado resuelto es el recurso que la acusación popular, ejercida por el edil socialista Óscar Puente, tiene presentado y en el que solicita el ingreso en prisión provisional de Luis Alberto Samaniego debido a la gravedad de los hechos —la pena de prisión aparejada puede conllevar hasta ocho años de cárcel— y el riesgo de fuga del imputado.

En las últimas semanas el Ayuntamiento de Valladolid ha remitido al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, en formato USB, la información relativa a los expedientes de obras y servicios adjudicados al grupo de empresas Samaniego entre los años 2000 y 2014, en concreto un total de 1.379 facturas cuyo volumen ha sido cifrado por la institución municipal en 11.014.713,49 euros.

La información, que había sido solicitada por la Fiscalía vallisoletana a fin de que la referida brigada policial emita el informe correspondiente, también obra ya en poder de la jueza instructora y ésta dictó hace semanas una providencia a fin de expedir copia de la documentación para que sea igualmente remitida a la Intervención General del Estado y a la Agencia Tributaria para que realicen sus respectivas indagaciones.

Hasta la fecha, en el marco de la instrucción judicial del caso, han testificado ya en calidad de imputados el aludido Luis Alberto Samaniego; su hijo, Luis Javier Samaniego Miguel; un primo del primero, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas familiares, Miguel Ángel Rodríguez Patín.

La línea de defensa del letrado de padre e hijo Samaniego se basa en que la relación mercantil entre el Ayuntamiento y el grupo de empresas investigado era "conocida, consentida y controlada" por el equipo de gobierno municipal, con su alcalde a la cabeza, y que todos los trabajos ejecutados por estas mercantiles eran aprobados por decreto, tanto del alcalde como de sus concejales, después de que el principal imputado se limitara a proponer y sugerir el nombre de las sociedades.