PCAS confía en que el juez determine culpas por la muerte de dos ancianos en la residencia 'Francisco Hurtado'

El Partido Castellano (PCAS) ha expresado hoy su confianza en que las diligencias que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Miranda de Ebro (Burgos), a raíz de la denuncia presentada a finales de julio por dicha formación, determine y esclarezca con precisión la posibilidad de la comisión de algún tipo de delito asociado al fallecimiento de dos mayores de la Residencia Mixta de la Tercera Edad 'Francisco Hurtado' de Miranda de Ebro a causa de una intoxicación alimentaria.

El Partido Castellano (PCAS) ha expresado hoy su confianza en que las diligencias que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Miranda de Ebro (Burgos), a raíz de la denuncia presentada a finales de julio por dicha formación, determine y esclarezca con precisión la posibilidad de la comisión de algún tipo de delito asociado al fallecimiento de dos mayores de la Residencia Mixta de la Tercera Edad 'Francisco Hurtado' de Miranda de Ebro a causa de una intoxicación alimentaria.

Desde el PCAS, tal y como explica en un comunicado recogido por Europa Press, se pretende que la investigación aclare si se siguieron escrupulosamente los diferentes y exhaustivos protocolos sobre manipulación de los alimentos, conservación de productos, limpieza de equipos y utensilios, preservación de la cadena de frío, preparación y reparto de las comidas en la Residencia de la Tercera Edad, tanto por parte de los trabajadores como por parte de la Gerencia del Centro, y conocer igualmente los procesos de control de la calidad seguidos por los proveedores alimenticios del centro.

En su denuncia, los castellanistas reclaman que se proporcionen las fichas de inspección generadas en las inspecciones habituales o de oficio, así como en otras de carácter excepcional que se hayan podido cursar a los largo de los últimos años, a fin de arrojar luz sobre si el control de la Consejería de Sanidad sobre el centro era el razonable o se han cometido negligencias en la inspección.

Los castellanistas se felicitan de la rapidez con que el Juzgado nº 1 de Miranda de Ebro está efectuando las diligencias previas relativas al caso, requiriendo información esencial a la Junta de Castilla y León sobre la relación de puestos de trabajo y plantilla de personal en la Residencia Mixta de Mayores de Miranda de Ebro, así como sobre la titularidad y modelo de gestión de la misma.

Asimismo, se ha oficiado a la Consejería de Sanidad información sobre los controles alimentarios y de otro tipo efectuados en la citada residencia en los dos últimos años e informes sobre la formación impartida al personal de cocina del citado centro público. Desde el PCAS se confía en que esta información se complete con las declaraciones de los facultativos del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro que atendieron a los dos fallecidos.

Los responsables del PCAS acusan a la Junta de Castilla y León y a la Gerencia de la Residencia de ocultación de pruebas tras el caso de intoxicación alimentaria que afectó a 26 residentes, el pasado 9 de julio, presuntamente por la ingestión de alimentos en mal estado por una manipulación inadecuada de los mismos y que se saldó con dos fallecidos.

Además, el Partido Castellano considera inadmisible el, a su juicio, intento de ocultamiento de esta intoxicación por parte de los responsables de las Consejerías de Sanidad y de Familia de la Junta de Castilla y León y de la propia Residencia Mixta de la Tercera Edad, ya que tardaron hasta el 14 de julio—seis días—en comunicar a trabajadores, familiares y medios de comunicación lo sucedido, que llegaron incluso a calificar de "accidente" el grave suceso y de "fallecimientos por causa natural" los decesos de los dos ancianos.

También el PCAS considera difícil de justificar que, tal y como denuncia, ni los responsables de la residencia ni de la Junta informaran a los facultativos médicos, en el momento del ingreso de los dos ancianos más gravemente afectados en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro, que ambos procedían de la residencia de ancianos y que en la misma se había producido una grave intoxicación alimentaria afectando a los dos ingresados y a casi treinta internos y externos.

Esta información resultaba esencial, a juicio del PCAS, para esclarecer las causas de sus dolencias y para optimizar tanto la idoneidad del tratamiento como el diagnóstico de sus patologías.

Los castellanistas creen que, fruto del déficit de información facilitado a los facultativos por los responsables de la residencia y de la Junta, los médicos no consideraron la posibilidad de realizar la autopsia a los cuerpos de los dos fallecidos, cuyos resultados podrían haber resultado reveladores para conocer de manera exhaustiva como se desarrollaron los hechos.

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