El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha anulado el estudio de detalle presentado por el Ayuntamiento de Argoños para la regularización de cuatro viviendas con sentencia de derribo en la zona del Camino del Portillo al considerar que éste tiene "como único objeto" el "convertir lo ilegal en legal" y no el "interés público urbanístico".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha estimado el recurso que presentó la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y ha declarado nulo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Argoños de 5 de octubre de 2012 por el que se aprobaba definitivamente el estudio de Detalle para estas cuatro viviendas unifamiliares del Camino del Portillo.

Concretamente, se trata de los números 84, 85, 86 y 87 del Camino del Portillo, en Argoños, pertenecientes a la urbanización 'Munargo'.

Justificación del tsjc

El TSJC considera que el estudio de detalle debe ser declarado nulo porque tiene "como único objeto" la legalización de unas obras declaradas ilegales en sentencia firme en 2003 por parte del Tribunal Supremo.

Según la Sala, por ello, se "incumple" la "obligación" de la Administración de justificar su actuación en relación a este estudio detalle que promueve.

"Si bien la Administración sigue disponiendo de sus facultades de ordenación urbanística y, por tanto, de modificación de las determinaciones aplicables, debe, si ello incide sobre actuaciones ya declaradas ilegales en sentencia firme, demostrar que la modificación no tiene la finalidad de convertir lo ilegal en legal, sino la de atender racionalmente al interés público urbanístico", advierte la Sala en la sentencia.

En la sentencia, el TSJC considera "curioso" también cómo, a su juicio, se intentan "incorporar" elementos a la finca "ajenos" al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a través del estudio de detalle.

"Y todo para que cuadren las estructuras previstas en el PGOU para ocho viviendas a las realizadas de doce viviendas, cuatro objeto de sentencia de derribo", señal la Sala.

La resolución judicial, contra la que cabe recurso, condena a costas al Ayuntamiento, promotor de este estudio, que redactó la empresa Dirsur en julio de 2012.

Valoración de ama

Tras conocer esta resolución judicial, fechada el pasado 22 de julio y consultada por Europa Press, AMA, la asociación que aglutina a los afectados por viviendas con sentencia de derribo, considera que, con esta sentencia, el TSJC "vuelve a dar un duro revés a los planes del Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Argoños".

En un comunicado, y tras trasladar el respeto a las decisiones judiciales, AMA ha reconocido que a las víctimas de esta situación "les duele el comportamiento de la Justicia" y "no entienden" el proceder de las Administraciones Públicas.

"Lo más lamentable, y difícil de entender, es que este duro revés lo sufren, los de siempre, familias inocentes", se ha quejado este colectivo.

Las primeras viviendas en regularizar

AMA ha criticado que Gobierno y Ayuntamiento hayan estado "vendiendo" a los afectados durante toda la legislatura que se regularizaban estas viviendas, que eran las primeras, porque desde el punto de vista jurídico eran las fáciles de legalizar.

"El consejero Javier Fernández se ha referido a estas viviendas en innumerables ocasiones, como ejemplo del trabajo realizado, y el camino para la solución de los problemas de las familias que sufren está injusta situación", ha opinado AMA, que considera que la realidad es "muy dura y deja en muy mal lugar a quienes nos venden humo".

El colectivo ha considerado que esto es sobre todo "muy cruel con las familias que han soñado con ver su casa libre del derribo, y otra vez caen al pozo de la desesperación".

Además de a Gobierno regional y a Ayuntamiento, ha criticado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC porque, a su juicio, "sus resoluciones no hacen justicia, sino que aumenta el sufrimiento de quienes no tienen ni culpa, ni responsabilidad alguna".

Por otra parte, ha señalado que, al estar las viviendas asentads en suelo urbano consolidado, una vez que fueran derribadas se podría volver a construir sobre él.

En su comunicado tras la sentencia, AMA también ha aludido al colectivo demandante, ARCA, al que le ha pedido que explique a la sociedad "qué bien jurídico se protege cuando se manda derribar donde se va a volver a construir" y le ha reclamado "comprensión" para unas familias que, a su juicio, "se merecen dejar de sufrir esta injusticia y tener una solución".

"Después de más de 20 años pidiendo justicia, las Administraciones Públicas, los órganos judiciales encargados de juzgar y los demandantes deben un solución real y justa a los ciudadanos de Cantabria y a las familias afectadas en particular", ha reclamado AMA.

Reunión de ama con los grupos parlamentarios el martes

Por otra parte, el colectivo ha anunciado que el próximo martes, 9 de septiembre, se reunirá con los grupos parlamentarios para buscar "algún camino que acabe" con lo que considera una "injusticia".

AMA ha reconocido que, ante la proximidad del final de la legislatura, cada día que pasa le parece "más difícil encontrarla y que se cumplan tantas promesas realizadas en la misma".

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