El Gobierno de Extremadura se ha sumado a la petición del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) y del sector agrario a la Unión Europea (UE) de aplicar el fondo de gestión de crisis de la Política Agraria Comunitaria (PAC) ante los efectos del veto de Rusia a la entrada de productos agroalimentarios.

El secretario general de Competitividad, Comercio e Innovación, Miguel Córdoba, ha pedido que Bruselas sea "consciente de la gravedad de este problema", sobre todo para el sector hortofrutícola del país, y que se hagan desde la UE los "máximos esfuerzos" para paliar la situación.

Córdoba ha explicado que, aunque Extremadura no se ha visto afectada "directamente" por el veto ruso, puesto que las principales exportaciones a este país son de conservas vegetales y tabaco, "a Rusia llega mucha fruta de origen extremeño que se comercializa desde otras regiones de España".

Por ello, el sector frutícola extremeño se ve afectado por este veto en la medida que, además de la fruta que sale "directamente" de la región a Rusia, según Miguel Córdoba, "hay que tener en cuenta la producción que llega a este país de manera indirecta", a través de empresas de otras partes de España.

En este sentido, el secretario general de Comercio ha explicado que muchos productores de fruta extremeños "venden a Rusia de manera conjunta" con productores de Lérida o Valencia. Esta fruta facturada desde dichos lugares "no computa" por tanto, en las exportaciones extremeñas, siendo difícil de cuantificar, según ha informado el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.

"Las exportaciones de fruta extremeña a Rusia son 587.000 euros, pero indirectamente la cantidad de fruta de la región que llega a ese país es superior", ha aclarado Córdoba, quien ha añadido que desde Extremadura se está haciendo un seguimiento "directo" de la situación.

Miguel Córdoba ha recordado que la UE está barajando incrementar la partida de retirada del mercado, que antes del veto ruso se establecía en 10.000 toneladas, una cantidad "totalmente insuficiente" para el sector.

Por este motivo, y al margen de la ampliación de medidas de retirada de producción, Córdoba ha considerado que "lo que sí puede paliar la situación" es la utilización del fondo que se ha destinado de la nueva PAC para situaciones de crisis, con 400 millones de euros anuales y que está previsto para situaciones de este tipo.