UCE-A traslada su "preocupación" por el proyecto de decreto de registro de asociaciones de consumidores

La Unión de Consumidores en Andalucía (UCE-A) ha trasladado este martes al Grupo Parlamentario del PSOE del Parlamento su "preocupación" por el proyecto de decreto de registro de asociaciones de consumidores, que ha considerado podría contener "ilegalidades".

La Unión de Consumidores en Andalucía (UCE-A) ha trasladado este martes al Grupo Parlamentario del PSOE del Parlamento su "preocupación" por el proyecto de decreto de registro de asociaciones de consumidores, que ha considerado podría contener "ilegalidades".

En una nota, UCE-A ha señalado la necesidad de reserva de ley para un texto normativo que "no sólo pretende regular como inicialmente se contempló, la ordenación del registro público de asociaciones de consumidores y usuarios en Andalucía, sino que también pretende por esta vía de decreto, articular el régimen jurídico de las mismas e incluso los criterios para ser o no organizaciones más representativas en Andalucía".

Para "mayor preocupación", el texto incorpora elementos "tan inquietantes" como que las organizaciones de consumidores lleguen a medirse en función del poder adquisitivo de las personas miembros que en ellas se integren, en base a las cantidades recaudadas por cuotas, "dejando sin valor las políticas propias de asociacionismo que puedan libremente tener las organizaciones en función de acoger en su seno a personas con independencia de su poder adquisitivo o de su capacidad de atender dichas cuotas".

En la actualidad por ejemplo, por decisión de su junta directiva, la Unión de Consumidores de Andalucía sigue atendiendo a aquellas personas asociadas que, encontrándose en situación de desempleo, no pueden afrontar el pago de sus cuotas. "Este tipo de criterios o decisiones libres de las asociaciones, no cabrían en el Decreto".

Desde la Unión de Consumidores de Andalucía se ha trasladado a este grupo parlamentario, que ante la gravedad de la situación descrita, está trabajando en la elaboración de un informe jurídico que argumente la reserva de ley, pues la regulación del régimen jurídico y del carácter más representativo o no de las asociaciones de consumidores y usuarios, como entidades de relevancia constitucional y estatutaria, requeriría, sin duda, la modificación en régimen parlamentario de la actual Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Por último, ha lamentado que en el trámite de audiencia previo del texto reseñado "no ha contado con el debido consenso" en el seno del propio movimiento asociativo de consumidores y usuarios.

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