La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos han firmado este viernes en Córdoba un documento en defensa de la sanidad pública y han establecido "un marco de participación activa", cuyo objetivo es el "fortalecimiento de los servicios públicos de salud para asegurar su máxima calidad y eficacia".

En concreto, han sido la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y los presidentes del Consejo General de Colegios de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín, y del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Francisco José Martínez Amo, quienes han firmado el citado documento, que será remitido al Ministerio de Sanidad y Consumo y que recoge, en primer lugar, una serie de principios generales.

Así, el documento, consultado por Europa Press, marca como primer objetivo de los firmantes "asegurar el funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía como sistema público, de cobertura universal, orientado a la consecución de la calidad asistencial, la equidad, la racionalidad, la excelencia, la eficiencia, y la orientación integral hacia la salud, por considerar que un sistema de esas características es el mejor para el bienestar del conjunto de la sociedad".

También se pretende "contribuir a la adopción de medidas que refuercen la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tanto desde el punto de vista financiero, organizativo y de gestión, como desde el de la sostenibilidad social, haciendo posible una práctica clínica basada en la evidencia científica, pero también aumentando la satisfacción y motivación de los profesionales".

Igualmente se ha acordado "dar participación activa al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, para que la profesión exprese sus compromisos y sus aportaciones, con el fin de conseguir la mejor orientación de los objetivos y la mayor implicación de los médicos en este proyecto colectivo".

Junto a ello, se pretende "impulsar un trabajo conjunto que permita que el Sistema Sanitario Público de Andalucía y los profesionales médicos de Andalucía estén a la vanguardia de la innovación mediante la potenciación de la capacidad del sistema sanitario para atraer recursos hacia actividades de I+D+I. Ello redundaría en beneficio de los pacientes y en desarrollo para la comunidad autónoma".

Gestión clínica y prestación farmacéutica

En relación a la gestión clínica, el documento parte de la base de que ésta "es un modelo asistencial integrador, colaborativo y multidisciplinar, cuyos objetivos son mejorar la calidad asistencial, los resultados en salud y la eficiencia", a partir del nuevo modelo organizativo en Unidades de Gestión Clíniza (UGC).

Dicho modelo, según recoge el documento suscrito, "traslada a los profesionales niveles progresivos de autonomía en su trabajo y, paralelamente, un mayor grado de corresponsabilidad con los objetivos institucionales en un marco de descentralización basado en la comparabilidad, la transparencia y en la evaluación de la obtención de resultados en salud".

Para ello, las UGC tienen "la atención focalizada en el paciente" y "garantizan un modelo de formación integral, de calidad y que promocionan la investigación y la innovación", lo cual es clave porque "la gestión clínica es un elemento fundamental para que la gestión de los centros asistenciales sea eficiente".

En relación a las políticas de prestación farmacéutica, calidad asistencial y libertad de prescripción, el acuerdo establece que "las políticas del medicamento son claves en la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y tienen trascendencia en la actuación de recursos humanos".

En este sentido, Junta y OMC coinciden en que se precisan "políticas de contención del gasto sanitario, que exigen racionalidad y buen gobierno en la incorporación y uso de insumos biotecnológicos y farmacéuticos, así como un mejor equilibrio en el binomio eficiencia-equidad".

En este contexto, el médico, "a través de una prescripción libre, responsable y de calidad, debe buscar maximizar la efectividad en el uso del medicamento, minimizar los riesgos a los que somete al paciente, en definitiva prestar una asistencia sanitaria eficiente y respetar la opinión de los pacientes en la toma de decisión terapéutica".

Para ello, "es esencial implicar a los médicos en las políticas del medicamento. Lo que supone reconocer el valor de la competencia frente a la influencia, establecer incentivos transparentes en relación a los resultados, alineándolos con los intereses del paciente, con los objetivos Sistema Sanitario Público de Andalucía y basados en las mejores evidencia científicas".

Ambas partes reconocen que "el financiador del sistema sanitario en una sociedad de mercado tiene derecho y obligación a buscar el mejor precio de los recursos necesarios para responder a sus obligaciones. Por lo cual no hay argumentación profesional contra procedimientos de competencia en la mejora de los precios de adquisición por medio de las herramientas que ofrecen las leyes del mercado", incluyéndose en este ámbito "las medidas encaminadas al uso eficiente del medicamento, como la prescripción por principio activo y el uso general de genéricos, asumiendo que no conllevan más riesgo para el paciente".

De hecho, "el Consejo General de Colegios Médicos no se opone a las políticas de equivalentes terapéuticos, siempre que permitan la libertad de prescripción y estén basadas en las mejores evidencias clínicas", considerando "necesaria una Agencia Nacional de Evaluación e Investigación de Tecnologías y Servicios para el conjunto del sistema sanitario, participada colegiadamente por las CCAA que sirviera de referente para su implementación.

Sanidad universal

Por último, el documento destaca que "el Sistema Nacional de Salud es sostenible en tiempos de crisis" y que "los fines de la sanidad pública deben establecerse en la mejora de la salud poblacional mediante la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la búsqueda de eficacia, efectividad, seguridad, adecuación, calidad, eficiencia y equidad, pero también transparencia, rendición de cuentas, aplicación de códigos éticos y participación profesional y ciudadana".

Ambas partes coinciden en que "la sostenibilidad de una atención sanitaria de excelencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía necesita y se ha construido" a una "Atención Primaria de calidad, que resuelve el 90% de la demanda de la población asignada con recursos técnicos suficientes y empeñados en que ningún otro nivel le quite competencias".

A ello se suma "un Hospital General que concentra todo lo necesario para atender todas las necesidades hospitalarias a todos, incorporando simultáneamente asistencia, investigación y docencia en todos sus servicios" y "unidades de alta especialización y equipos de emergencia" integrados con el resto del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El sostén de todo ello requiere "una evaluación económica técnicamente rigurosa e imprescindible para ponderar el grado de eficiencia", en el marco de "una apuesta clara, en la sanidad andaluza, por la provisión pública de los servicios sanitarios, complementada en un pequeño porcentaje por instituciones sin ánimo de lucro y con contratos por procesos al sector privado y siempre que no pueda responder a las necesidades el Sistema Sanitario Público de Andalucía".

Por último, Junta y OMC entienden que "alcanzar la máxima eficiencia posible es fomentar la medicina basada en la evidencia científica, en un contexto de expansión justificada y sensata del conocimiento y las tecnologías y del control y dominio del envejecimiento y la cronicidad".

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