La unión provincial de CCOO y las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Sevilla capital, un servicio encuadrado en la Ley 39/2006 de Atención a las Personas dependientes, financiada por el Estado y las autonomías y prestado a través de los ayuntamientos, han entregado 12.000 firmas ante el Consistorio hispalense y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en defensa de este servicio encargado por el Consistorio hispalense a la empresa 'Clece'.

Como es sabido, el futuro de este servicio afronta su adaptación a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que incide especialmente en las competencias de los ayuntamientos. La nueva ley reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos aspectos como el urbanismo, la vivienda protegida, el viario público o la Policía Local, pero por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias determinantes, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

Frente a esta regulación, el Gobierno andaluz de PSOE e IU-CA ha promovido un decreto Ley que, merced a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), reserva para los ayuntamientos 29 competencias, toda vez que dicho decreto Ley surge en paralelo a la impugnación de la citada ley ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno local del PP, no obstante, ha rechazado de momento adherirse a este decreto autonómico para conservar las competencias relativas a la ayuda a domicilio, toda vez que a final de año concluye el periodo de transición de la aplicación de la nueva regulación de la administración local.

Dada la incertidumbre que pesa sobre este servicio afectado además por conflictos y problemas en materia de financiación, representantes de la plantilla y miembros de la unión provincial de CCOO han entregado este viernes en el Ayuntamiento y el SAS más de 12.000 firmas en defensa de este servicio y contra los "recortes" en el mismo.

El secretario general del sindicato provincial de Sanidad de CCOO, Enrique Amieva, ha señalado a Europa Press que hay un "gran número de usuarios en peligro y otros que no se han podido dar de alta desde 2012". Asimismo, "el número de trabajadores ha disminuido", reclamando que el Ayuntamiento "se defina" en cuanto al futuro de la prestación de este servicio.

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