La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha acordado este viernes "el allanamiento a la pretensión" de la Junta de Andalucía respecto al Centro de Recepción de Visitantes (CRV), cuya titularidad y derechos de uso le devuelve, a la vez que renuncia al proceso de licitación que abrió para adjudicar su gestión.

Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa el portavoz del gobierno municipal del PP, Miguel Ángel Torrico, y el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Gestión y Administración Pública del Ayuntamiento, José María Bellido, quienes han recordado que esta decisión se ha adoptado después de que la pasada semana la Consejería de Fomento y Vivienda propusiera al Consistorio que le cediera el uso del CRV, a lo que el gobierno municipal contestó que le cedería el uso y la titularidad del equipamiento, lo cual es lo que ha acordado este viernes, tras no tener respuesta de la Junta a su contrapropuesta.

En concreto, la junta de gobierno local ha aprobado, por urgencias, "el allanamiento a la pretensión realizada por la Delegación de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en su escrito de 25 de abril de 2014 y por tanto manifestar la conformidad de este Ayuntamiento a la resolución por mutuo acuerdo del convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la construcción del Centro de Recepción de Visitantes de 20 de noviembre de 2006 y del Acuerdo de 28 de enero de 2013 de entrega del edificio".

Dicho acuerdo de 2013, según lo aprobado este viernes por el gobierno municipal, "establecía la cesión de la propiedad del inmueble al Ayuntamiento, condicionada al cumplimiento del destino y usos establecidos en la estipulación novena del convenio de 20 de noviembre de 2006, asi como las características arquitectónicas y funcionales del mismo, por lo que se produce el mecanismo de la reversión automática de la propiedad del bien a la Junta de Andalucía, por mutuo acuerdo de las partes, de conformidad con la normativa patrimonial de bienes de la citada administración".

En consecuencia, el gobierno municipal ha aprobado "poner a disposición de la Junta de Andalucía el edificio de Centro de Recepción de Visitantes, con las mejoras en señalización de espacios, adquisición de mobiliario y accesorios, introducción de fibra óptica y varias líneas telefónicas, contratación de suministro eléctrico y agua realizadas por el Ayuntamiento, y tramitar las bajas de los contratos de suministro existentes".

De igula modo, el gobierno municipal ha acordado "trasladar a la Junta de Andalucía que este Ayuntamiento, si la Junta de Andalucía lo considera conveniente y así lo autoriza, como titular del inmueble, está en disposición de colaborar en ofrecer a los visitantes información turística de forma integrada, mediante el establecimiento de una Oficina de Información Turística municipal en el citado inmueble, así como la sede del Consorcio de Turismo de córdoba".

Renuncia a licitar la gestión

Junto a este acuerdo, del que se dará traslado a la Junta de Andalucía, "para su conocimiento y efectos oportunos", el gobierno municipal también ha aprobado renunciar "al procedimiento de licitación y adjudicación del contrato de concesión demanial del Centro de Recepción de Visitantes", en atención a las "peticiones" que en tal sentido le fueron "efectuadas por la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Córdoba con fecha 25 de abril y 3 de julio de 2014".

Dicha renuncia, también a petición de la Junta, se hace "a tenor de lo dispuesto en el artículo 155 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de Contratos del Sector Público, por los motivos de interés público esgrimidos en el informe conjunto emitido por la oficial mayor del Ayuntamiento de Córdoba y la subdirectora general de Gestión".

En dicho informe se argumenta que "el interés público exige una solución aceptable para el servicio de información turística al menor coste económico posible para este Ayuntamiento y que ello debe primar sobre la mera expectativa de un lucro económico para un posible adjudicatario, que muy difícilmente va a poder gestionar el bien en las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la licitación y en sus ofertas".

En cualquier caso, este acuerdo se adopta "sin perjuicio del derecho de los licitadores admitidos al procedimiento a solicitar la correspondiente compensación de los gastos en que hubieran incurrido, conforme a las normas contenidas en el pliego o anuncio de licitación, o conforme a las que regulan las reglas de la responsabilidad patrimonial previstas en la Ley 30/1992,de 30 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

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