La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha exigido este viernes al Gobierno que convoque de manera urgente de la Comisión Bilateral Junta-Ejecutivo para abordar la retirada "inmediata" del recurso contra la Ley de Función Social de la Vivienda, tras la última resolución del Tribunal de Luxemburgo, que ha puesto "negro sobre blanco que el PP vulnera los derechos fundamentales y deja indefensas a las familias frente a la banca".

En un comunicado, Cortés ha afirmado que el Gobierno central se ha quedado "sin coartadas" para seguir "poniendo alfombra roja a la banca para desahuciar y especular con sus viviendas", después de que el Tribunal de Luxemburgo "haya puesto negro sobre blanco lo que el Gobierno andaluz siempre ha denunciado", que la Ley 1/2013 "vulnera los derechos fundamentales y sitúa a las familias hipotecadas en una situación de absoluta indefensión frente a las agresiones del poder financiero".

"La Justicia Europea ha vuelto a establecer que el Gobierno de España, en un conflicto entre una familia sin empleo que no puede pagar su hipoteca y una entidad financiera que ha recibido multimillonarias cantidades de dinero público y la quiere desahuciar, se pone sin dudarlo de parte del banco", ha explicado la consejera, que ha solicitado al Gobierno la adaptación de la normativa estatal a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según ha indicado, "es la segunda vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) censura explícitamente al Gobierno de España por vulnerar derechos fundamentales, desproteger a las familias de los abusos bancarios y promover desahucios ilegales con leyes que garantizan la impunidad de la banca".

"¿A qué esperan para rectificar?, ¿a qué esperan los ministros Luis de Guindos y Ana Pastor para asumir sus responsabilidades y admitir que esta Ley únicamente pretendía hacer cambios superficiales para que nada cambiara en el fondo?", se ha preguntado Cortés, que ha afirmado que la única Ley en el conjunto del Estado "que evita desahucios y abusos de la banca es la aprobada por el Parlamento de Andalucía en septiembre de 2013". "Y por eso el Gobierno la recurrió. Porque funcionaba, porque evitaba desahucios y combatía la especulación", ha añadido.

Cortés ha recordado que el Gobierno andaluz pidió la Comisión Bilateral Junta-Ejecutivo en "innumerables ocasiones" antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentara el recurso, "pero se negaron porque sabían que no tenían razones jurídicas y que podían forzar la paralización con la mera presentación del recurso". "Ahora tiene una nueva oportunidad de sentarse a negociar, una vez constatado el fracaso de todas sus políticas contra los desahucios", ha añadido.

Efecto disuasorio sobre todos los desahucios

La consejera ha destacado que en sólo tres meses en vigor, la Ley de Función Social de la Vivienda permitió la expropiación temporal del uso de 39 viviendas para evitar otros tantos desahucios de familias en riesgo de exclusión social, al tiempo que ejerció un efecto disuasorio sobre todos los desahucios en Andalucía.

"Los efectos del recurso ya se están notando y castigando a las familias con problemas para pagar su hipoteca. En los tres primeros meses con la Ley suspendida, el porcentaje de ejecuciones hipotecarias que se convierten efectivamente en lanzamientos, que era lo que evitaba la norma andaluza, ha subido cinco puntos, mientras en el resto de España permanece estable", ha añadido la consejera,

A su juicio, "es verdaderamente vergonzoso que el Gobierno promocione para presidir el Eurogrupo al principal impulsor de una Ley estatal que, según la Justicia europea, vulnera el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos".