La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha concluido el expediente sancionador iniciado contra la empresa organizadora del concierto de Alejandro Sanz el julio pasado con la imposición a los responsables del evento de una sanción por importe de 10.000 euros.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la citada Delegación, los motivos de la sanción son el retraso de una hora en el inicio, la falta de hojas de reclamaciones, incumplimiento del derecho de admisión y respecto de la publicidad y entradas (defectos en la información). La resolución admite recurso.

Detallan que se trata de un expediente respecto a las infracciones de la Ley de espectáculos 13/99, que no contempla como infracción la mala calidad del sonido. Es decir, que el expediente no ha sido por la mala calidad del sonido, sino por las cuatro infracciones antes descritas. No obstante, recuerdan que se dio traslado de las quejas sobre la calidad del sonido al Servicio de Consumo para su valoración.

A lo largo del expediente, y como dice la Ley de espectáculos, se informa a la empresa que de devolviendo el dinero a los aproximadamente 100 reclamantes se atenuaría la sanción, aunque "la empresa no ha querido". Se trata de un atenuante previsto en la ley, de manera que la devolución del dinero habría oscilado en una cantidad cercana a los 5.000 euros.

Por último, recuerdan las mismas fuentes que el expediente sancionador se ha incoado "ante la inhibición del Ayuntamiento de Cádiz de hacerlo", que, según recalcan, "era la administración que debió incoar dicho expediente".

Por su parte, la asociación de consumidores Facua recuerda en un comunicado que fueron ellos los que presentaron la denuncia tras las numerosas quejas recibidas de asistentes al concierto celebrado el pasado verano en el estadio Ramón de Carranza.

Facua lamenta la actitud de la empresa, Link Entertaiment, S.L., que "continúa negándose a devolver a los usuarios el dinero de las entradas". Por ello, esperará a conocer la decisión del servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para valorar la puesta en marcha de otras actuaciones con la finalidad de lograr que la empresa devuelva a los usuarios el dinero de las entradas.