El sindicato UGT considera positivo que el titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Fernando Caballero, haya rechazado aprobar, como pretendía la Administración Concursal, un ERE extintivo para 111 de los 151 trabajadores de Laboratorios Pérez Giménez, y haya acordado, en cambio, "la suspensión colectiva de los contratos de trabajo" de 111 empleados de dicha farmacéutica, con lo que ha excluido de esta medida a 40 empleados.

Esto último es, según han explicado este miércoles en rueda de prensa la secretaria provincial de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT-Córdoba, María Trujillo, y el delegado de UGT en los laboratorios, José Ruiz, lo que no se entiende y les deja "un sabor agridulce".

En este sentido, Ruiz ha afirmado que el hecho de que el juez haya "dejado atrás a 40 trabajadores", para su sindicato resulta "inconcebible y no lo entendemos", ya que este grupo de empleados no tendrá la opción, que sí se ofrecerá a los 111 trabajadores cuyos contratos serán suspendidos temporalmente, de percibir la prestación por desempleo, algo muy importante si se tiene en cuenta que los trabajadores de esta empresa en concurso de acreedores llevan dos años sin cobrar sus nóminas" ni ninguna prestación, y están pasando "hambre".

Además, para estos 40 empleados no incluidos en el ERE temporal esa difícil situación se va a prolongar varios meses, mientras se hace efectiva la compra de los laboratorios y éstos retoman la actividad de la mano de la sociedad a los que el juzgado adjudico la empresa, Global Aeronautic, por once millones de euros y con el compromiso de mantener 40 puestos de trabajo.

Por eso, para Ruiz está claro que la Ley Concursal, "por lo que estamos viendo, se hizo para destruir empresas, sacrificar a trabajadores y arruinar familias", especialmente en este caso, pues, a juicio del sindicalista, "la Administración Concursal no hace su trabajo y el juez debería de sustituirlos ya", determinado, además, "que no cobren, por no obtener los resultados para los que fueron designados".

Las pruebas que demuestran, a juicio de Ruiz, que los administradores concursales no han cumplido con sus obligaciones se hallan en hechos objetivos, tales como que, "desde que la Administración Concursal destituyo al último administrador único (Sergio Martínez)" y son los concursales "los que gestionan la empresa, hemos pasado de cuatro o cinco nominas que se nos debían a 24, y el crédito la masa se ha disparado a cerca diez millones de euros".

Otros ejemplos de la mala gestión de los concursales, según el sindicalista, es que "los informes y listados trimestrales que debe de entregar la Administración Concursal y custodiar el juzgado, con la relación de gastos de los créditos contra la masa, los hemos tenido que pedir dos veces, porque la primera vez no había listados de créditos, solo el informe, mientras que la segunda vez se nos entregó el informe y unos listados incompletos, teniendo el Comité de Empresa que pedir un tercer informe, complementando estos listados".