La organización agraria Asaja de Castilla y León ha pedido al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) que dé una explicación de por qué ha retirado de su web información relativa al sistema de cuotas, que era relevante para que los ganaderos tomen decisiones sobre la gestión de sus explotaciones.

Asaja, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que el Ministerio de Agricultura había prometido al sector información pública y puntual sobre las entregas mensuales de leche con el fin de disponer de datos objetivos sobre un posible sobrepasamiento de cuota cuando finalice la campaña en curso, el 30 de marzo de 2015.

Esta información se proporcionó con el informe del mes de abril—todavía íntegro en la web—así como con el informe del mes de mayo. Pero este último, que se publicó a principios de semana, se retiró de la web coincidiendo con una nota de este sindicato sobre la cuestión, y se ha vuelto a colgar suprimiendo una página de información relevante.

El texto suprimido hace alusión a las entregas en las últimas tres campañas y la proyección de la 2014/2015 con los datos ya conocidos de los meses de abril y mayo, donde el ministerio estima que se incrementará la producción el 6% y se 'sobrepasará' la cuota nacional en un 3,73%.

Ante ello, Asaja se pregunta si el ministerio de Agricultura piensa que los problemas pueden solucionarse ignorándolos, "o lo que es peor, ocultando la realidad durante un tiempo, pues al final, las cifras serán las que determinen las entregas y el coste económico recaerá sobre los ganaderos si el ministerio no adopta medidas al respecto".

El sindicto que lidera Donaciano Dujo ha pedido al Magrama que se una a los países que están pidiendo un "aterrizaje suave" del sistema de cuotas, pues, a su juicio, no tiene sentido que se penalice la leche entregada en marzo cuando a partir de abril se puede entregar toda la que se quiera sin limitación alguna.

En la parte del informe que "levantó" el FEGA, se apuntaba a un sobrepasamiento de 242.337 toneladas de leche que, a 27 céntimos el kilo, supone una multa de 65,4 millones de euros que tendrían que abonar los ganaderos españoles a Bruselas. La normativa española contempla una retención a cuenta, en la facturación mensual que hacen las empresas, que se empezará a aplicar en el mes de enero.

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