El grupo del PSIB en el Consell de Mallorca ha criticado este miércoles que con la ley de suelos, que sirve una "amnistía" para una cantidad importante de edificaciones en Mallorca, el Govern "resta capacidades y poder institucional a los consells insulars" y ha anunciado que mañana votará en contra en el pleno del Consell.

Según el portavoz del PSIB, Jaume Garau, esta ley es contraria a la seguridad jurídica "tan importante en la isla", ya que significa la "plena responsabilidad de ejercer derechos individuales y colectivos", y de esta forma "se deja a las personas que han hecho correctamente los procedimientos de obras y reformas y toda una serie de gente que no lo ha hecho".

La portavoz adjunta del grupo, Mercedes Garrido, ha explicado que, en relación a la legalización, el Consell mañana plantea "un acuerdo que inicia el trámite de legalización de edificaciones en suelos rústicos que prevé la disposición de la ordenanza de ley del suelos que se aprobó el pasado marzo".

Garrido ha criticado que, por parte del PP, "desde hace mucho tiempo se ha entendido la prescripción de una edificación construida de forma ilegal como una legalización" y que, por otro lado, la conciencia ciudadana de "hago lo que quiero y si me multa el ayuntamiento ya la pagaré nos han llevado a estas consecuencias".

Asimismo, la portavoz ha destacado que en la pasada legislatura el Consell "intentó dar un paso adelante con la Agencia de Disciplina Urbanística, pero ha sido un paso atrás mucho más grande en esta legislatura con Maria Salom en el Consell".

Una "ley a la carta"

Garrido ha denunciado que la iniciativa se trata de una "ley a la carta", que legaliza aquellas viviendas que desde el día en que se publica la ley y que están construidas hace ocho años ya son legales" y que, en este sentido, viene a cubrir los "intereses concretos de personas que tienen nombre y apellidos".

Asimismo, la portavoz adjunta ha afirmado que "no es un hecho aislado", y que es una muestra de "la dejadez de muchos ayuntamientos que no han abierto expedientes ni han perseguido edificaciones ilegales".

Desde el PSIB han manifestado que la ley de suelos es "inconstitucional por distintas razones" y que tienen previsto estudiar "los primeros efectos de su aplicaciones" y pensar qué acciones pueden tomar, "como acciones judiciales contra la legalización planteando una previa de inconstitucionalidad o no", según ha explicado Mercedes Garrido.

Por otro lado, han dicho que "la ley no explica el proceso de legalización", dejando así "la responsabilidad a los ayuntamientos, que tendrán que legalizar no sabemos cómo".

Finalmente, la portavoz adjunta del PSIB ha afirmado que la "desregularización creará grandes problemas en los ayuntamientos porque no tienen instrumentos legislativos que les digan cómo tienen que actuar", y que, en este sentido, exigirán al Consell "que se regulen como mínimo unos criterios comunes en base a crear una igualdad a nivel municipal".