Envac Iberia, la empresa especializada en la instalación y operación de sistemas neumáticos de recogida de residuos, ha anunciado este lunes acciones legales contra Emaya "por intento de ejecución ilegal de un aval de obra otorgado hace 14 años". Por su parte, la empresa pública ha demandado a Envac y Urbaser por los daños y perjuicios ocasionados por la ruina de la recogida neumática y les reclama una indemnización de 26,5 millones de euros.

Así han informado en sendos comunicados, donde Envac Iberia ha explicado que lleva solicitando desde el 2006 la retirada de un aval vinculado a la ejecución de la obra que dio origen al sistema de recogida neumática en Palma. Por ello, en el caso de que Emaya "no desista de ejecutar de manera ilegal el aval que hace 14 años le fue entregado por esta compañía tras serle adjudicado el contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras del sistema de recogida neumática de residuos sólidos urbanos en Palma" llevará a cabo acciones legales.

Según ha informado Envac, en el contrato firmado en 1999 entre Emaya y la UTE adjudicataria de este proyecto -en la que además de Envac figuraba Urbaser y Dragados- se establecía que la empresa municipal debía proceder a la cancelación de la fianza pasado el plazo de un mes desde la recepción definitiva de la instalación, que se produjo en el primer trimestre de 2006.

Desde esa fecha, Envac le ha reclamado la entrega de la fianza por lo que "Emaya mantiene cautivo un documento que no debería obrar en su poder y por tanto el solicitar a la entidad bancaria su ejecución podría suponer un ilícito civil y penal". "Este hecho resulta si cabe más insólito desde el momento en que la empresa municipal sí procedió en 2007 a la devolución de los correspondientes avales a los otros miembros de la UTE". El aval otorgado en 1999 por Envac fue de 240.240,27 euros.

Postura de emaya

Por su parte, Emaya ha informado en otro comunicado que este lunes ha interpuesto en los juzgados de sa Gerreria una demanda civil contra las empresas Envac Iberia y Urbaser, a las que reclama un total de 26,55 millones de euros en concepto de daños y perjuicios sufridos por la empresa pública y derivados de los diferentes incumplimientos imputables a las entidades demandadas, los intereses que procedan legalmente desde la interposisición de la demanda y hasta el momento del total pago así como el importe de las costas procesales.

Con esta demanda, cuyo importe ha sido cuantificado por una consultora, Emaya reclama a las empresas proyectistas y constructoras de la red de la recogida neumática, fuera de servicio desde el 16 de mayo de 2012, por la situación de ruina que ésta presenta pese a haber prestado servicio durante apenas un tercio de su vida útil, que se estimaba en 30 años.

El presidente de Emaya, Andreu Garau, ha lamentado que las empresas demandadas no hayan tenido en cuenta los esfuerzos realizados desde la compañía municipal para tratar de alcanzar un acuerdo referente a un problema que afecta a todos los ciudadanos de Palma.

"Pensamos que hemos hecho lo que teníamos que hacer porque nuestra obligación es defender los intereses de los ciudadanos de Palma ya que un sistema de recogida de residuos cuya vida útil se estimaba en 30 años ha quedado fuera de servicio durante el primer tercio de la misma. Desde Emaya entendemos que se ha hecho mucho trabajo y muy riguroso apoyado con pruebas periciales que nos han permitido armar una demanda muy potente".

En este sentido, tras el colapso sufrido por la red, Emaya encargó diferentes informes periciales sobre el estado de la misma a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas; a Guldager Electrolisis, empresa experta en sistemas de protección catódica, y al estudio de ingeniería GRECCAT.

Las conclusiones de los informes apuntan a la existencia de patologías graves en la red derivadas de defectos de diseño y construcción por incorrecta selección de materiales y defectos de instalación de los mismos.

También concluyen que los materiales empleados no se encuentran protegidos mínimamente frente a procesos corrosivos, que las soluciones propuestas por Envac para la puesta en marcha del sistema no son técnicamente viables y que la red es irrecuperable por lo que la única alternativa es la retirada total de la misma, formada por 12 kilómetros de conducciones subterráneas, y la construcción de una instalación nueva.

Pese a la interposición de la demanda, Garau ha destacado que "se mantienen abiertos todos los canales de comunicación" con las dos empresas que conformaban la UTE instaladora del sistema.