La diputada socialista y portavoz de Grandes Eventos en las Corts Valencianes, Eva Martínez, ha exigido al presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, que el proceso de licitación para la privatización del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) esté "avalado por informes de la Abogacía de la Generalitat".

De esta manera, la representante del PSPV ha pedido "máxima transparencia, publicidad y cumplimiento de la legalidad en la elaboración del pliego de condiciones", por eso ha insistido en que todo el proceso esté avalado por los informes de la Abogacía de la Generalitat "y no por los de una consultora privada", en alusión a "otros antecedentes".

Así, se ha referido, a través de un comunicado, a una respuesta que el conseller de Economía, Máximo Buch, le ha hecho llegar y en la que "se niega a entregarle el informe elaborado por la Consultora Deloitte sobre el asesoramiento para la elaboración del pliego de condiciones administrativas y técnicas de dicho proceso de privatización".

En su contestación, Buch explica que "la información recogida en ese documento —en la fase en la que se encuentra de contratación— podría conculcar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de procedimiento y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos recogidos en el artículo 1 del Decreto legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprobó la Ley de Contratos del Sector Público".

Por su parte, Eva Martínez ha considerado que, "de nuevo, la Generalitat, esta vez a través de la empresa pública CACSA, contrata con consultoras y despachos de abogados externos el asesoramiento de la privatización, que perfectamente podría ser elaborado por los excelentes funcionarios que forman parte de la abogacía de la Generalitat".

Además, ha subrayado que el Consell de Fabra "niega de nuevo el acceso a estos informes, bajo la excusa de que 'pueden conculcar los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato entre los candidatos'". Para la diputada, "todos los candidatos a la adjudicación tienen estos derechos, según Buch, pero nosotros no podemos acceder a toda la información hasta que los pliegos no se publiquen, lo que supone que continúa el régimen de opacidad que ha aplicado el Consell en los últimos años".

En este sentido, ha agregado que "los socialistas desconocen por qué el conseller ha prescindido de los servicios de la abogacía de la Generalitat para contratar con Deloitte, cuyos informes niegan". "Quizá porque no contemplen la posibilidad de que CACSA se gestione de forma eficaz y eficiente desde lo público, lo que no le conviene al Consell", apunta.

Ejemplo de valmor

Ante esta situación, Eva Martínez ha pedido a Fabra "que no apruebe la privatización sin informes favorables de la abogacía de la Generalitat como ya hizo con Valmor" y ha recordado que "compró una empresa privada en ruinas sin informes jurídicos ni económicos de este organismo".

Finalmente, ha hecho hincapié en que "la urgencia de Fabra y del conseller Buch en aprobar el pliego de condiciones antes del mes de agosto no puede perjudicar, una vez más, a todos los valencianos, que con esta privatización se harán cargo de la deuda de CACSA, lo que supone que seguiremos pagando mientras los beneficios se los llevará una empresa privada".