El Fiscal solicita una pena total de 50 años de prisión y una multa de 2 millones de euros para cinco personas acusadas de un delito contra la salud pública y otro de integración en grupo criminal al traficar, vender y traer a España drogas, principalmente desde Holanda.

Según el escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos comenzaron a investigarse en 2013 cuando, en consecuencia de investigaciones y seguimientos policiales, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil determinó que uno de los acusados, D.C.G, se dedicaba a la actividad de tráfico de drogas en Logroño y alrededores. Además para ello también contaba con terceras personas para intermediar y llevar a cabo ventas y transportes de drogas.

En una de esas estrategias, el procesado contactó con otra persona -no juzgada en este caso- en Madrid para concretar una actividad de tráfico de drogas. Al conocer dicha operación, D.C.G, se puso en contacto con otro de los acusados, F.B., y le propuso una operación de intermediación y transporte de droga.

Así, ambos acudieron a Madrid y una vez allí quedaron con un grupo de personas que se dedicaban a la actividad de tráfico de drogas que buscaban a personas adecuadas para hacer de correos, organizando viajes y transacciones con otros países, especialmente Holanda.

En Madrid, este grupo les propuso un viaje a Holanda para transportar droga "a un remuneración de 500 euros el kilo". La banda criminal también le ofreció "preparar su vehículo para transportar la mercancía sin ser descubierta" para lo que contactaron con el último de los acusados quien construyó un pequeño compartimento en la parte baja para que pudiera esconder la droga.

Finalmente, D.C.G, fue interceptado tras su vuelta del viaje de Holanda con un paquete de heroína con un total de 989 gramos, valorados en el mercado en 200.000 euros así como otros 2000 gramos de sustancia no sometida a fiscalización. Tras su detención se realizaron diferentes registros tanto en el domicilio de D.C.G. como en el resto de los acusados que fueron interceptados días después.

Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública y otro de integración en grupo criminal por lo que procede imponer por el primero de ellos la pena de 8 años de prisión y una multa de 400.000 euros para cada uno. Además por el delito de pertenencia a grupo criminal les impone, a cada uno, dos años de cárcel.

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