El Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid ha admitido a trámite la querella contra el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo, y los once concejales del partido Independientes por Arroyo (IPAE), una apertura de diligencias que ha sido respaldada por la Fiscalía, según han informado a Europa Press desde la Asociación de Vecinos Arroyo-Siglo XXI.

Según han indicado las mismas fuentes, el auto de fecha de 2 de julio ve indicios de presuntos delitos contra la administración pública y de usurpación de funciones públicas del regidor y sus ediles una vez que Méndez Freijo no ha sido cesado por el Pleno tras la sentencia de la Audiencia Provincial de 22 de noviembre de 2013, que le condenó a 3 años de cárcel y 16 de inhabilitación por los delitos de prevaricación urbanística y cohecho.

La Asociación de Vecinos Arroyo-Siglo XXI ha recordado a este respecto que el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General determina que resultarán "incompatibles e inelegibles" los concejales y alcaldes condenados a penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos contra la administración pública y aunque la sentencia no sea firme.

Del mismo modo, esta agrupación ha explicado que es obligación del que incurre en causa de incompatibilidad, como disponen los artículos 9 y 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, que el edil que esté incurso en causa de incompatibilidad ponga esta situación en conocimiento del Pleno municipal.

Para la Asociación de Vecinos Arroyo-Siglo XXI en este caso, como la causa de incompatibilidad viene determinada por la Ley, "la simple toma de conocimiento por el pleno habría bastado para que Méndez hubiera sido cesado", si bien el regidor no ha comunicado nada al Pleno, a lo que se suma que los ediles del IPAE han impedido con sus votos la aplicación de la Ley a pesar de haber sido informados de los hechos por este colectivo vecinal.

"Esto supone, a juicio de esta asociación, y así lo entiende el Juzgado de Instrucción, la presunta comisión de un delito de usurpación de funciones por parte del alcalde, José Manuel Méndez, con el auxilio de los concejales de IPAE, y un delito de prevaricación por parte de todos ellos", han resumido las mismas fuentes.

Según han explicado desde la Asociación, los problemas derivados de esta causa pueden suponer, además de las penas de inhabilitación para cargo público en que puedan ser condenados los querellados, la nulidad radical y/o la anulabilidad de todos los actos administrativos, adjudicaciones, pagos, contrataciones de servicios, convocatorias de concursos públicos para provisión de plazas de personal, incluso sanciones, multas y decretos de Alcaldía, desde el 22 de noviembre de 2013.

La Asociación de Vecinos Arroyo-Siglo XXI ha hecho responsables directa y personalmente a todos los querellados de las consecuencias y perjuicios que su actuación haya irrogado al Ayuntamiento de Arroyo, su municipio y sus ciudadanos. Además, ha reclamado que la defensa jurídica de actos delictivos no sea sufragada con fondos públicos.