El Gobierno ha aprobado un decreto-ley de impulso económico que fija en el 0,03% el impuesto a los depósitos bancarios en el conjunto de España, un tributo con el que contaban algunas comunidades autónomas y que el Ejecutivo extendió a todo el territorio español en 2013, pero que hasta ahora era del 0%. El impuesto se ha aprobado con efectos desde el 1 de enero de 2014.

Los depósitos del sector privado residente en España, en los que se incluyen los depósitos sin clasificar y los procedentes de la banca electrónica, crecieron en 2013 un 3,1 %, hasta 1,14 billones, lo que se podría traducir en una recaudación de 342 millones de haberse aplicado el gravamen del 0,03%.

Así lo adelantó este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la reunión del Consejo de Ministros, que ha dado luz verde a este decreto-ley y a otros normas de carácter económico para, según la ministra, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.

El Ministerio de Hacienda creó este nuevo tributo a partir del 1 de enero de 2013 para que los depósitos de los bancos recibieran un tratamiento tributario homogéneo, ya que estaba implantado solo en algunas comunidades, y el sistema financiero no perdiera eficiencia. Su creación supuso la desaparición del tributo en aquellas regiones donde existía.

El Gobierno introdujo en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de 2013 un impuesto a los depósitos bancarios a tipo cero para desactivar este mismo tributo en las tres comunidades que lo estaban aplicando (Extremadura, Andalucía y Canarias), y posteriormente anunció que se establecería un tipo muy reducido en el conjunto de España para compensar la recaudación de estas tres regiones, gravamen que hasta este mismo viernes no se había fijado.

Según el Gobierno, la creación del nuevo impuesto estatal, que lo deben pagar las entidades financieras, pretende que los depósitos de los bancos reciban un tratamiento tributario homogéneo y el sistema financiero no pierda eficiencia. El objetivo es, por tanto, "potenciar y garantizar" la unidad de mercado, según indica el Ejecutivo.

Desde la Asociación Española de Banca, AEB, consideran que un impuesto sobre los depósitos penaliza la forma más básica de ahorro que tienen los ciudadanos, obstaculiza la recuperación económica y perturba seriamente la unidad y el funcionamiento del mercado.

No están en contra de la decisión adoptada por el Gobierno porque "era la única alternativa jurídica viable para evitar que la proliferación de impuestos autonómicos sobre los depósitos deteriore aún más el adecuado funcionamiento del sistema financiero y de la economía en general". Además, la patronal bancaria destaca que se trata de un impuesto estatal "con un tipo muy moderado y, en todo caso, muy alejado de los tipos nominales fijados por las legislaciones autonómicas".