El PP ha acusado a los socialistas de querer introducir la regulación del fracking en la Ley de Minas pese a "saber que es inconstitucional" y ha recordado que el Govern ya declaró a Baleares territorio libre de fracking hace más de un año.

La portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PP en el Parlament, Virtudes Marí, ha apuntado este martes que "no se entiende que los socialistas insistan en proponer iniciativas que han sido declaradas institucionales".

Así, ha criticado que el PSIB siga defendiendo una iniciativa que llevaron al Parlament que prohíbe la técnica de la fractura hidráulica como búsqueda y extracción de gas no convencional, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la Ley cántabra por considerar que invade competencias estatales ya que está regulado por la Ley de Hidrocarburos y no por la Ley de Minas. "Con esto, una vez más, se demuestra que el PSIB no tiene claro de que habla, porque el fracking no se regula en la Ley de Minas", ha sentenciado.

No obstante, ha recordado que el Govern y el Parlament ya han declarado Baleares territorio libre de fracking "mostrando la clara voluntad política del PP de impedir esta técnica en Baleares, hace más de un año".

En cuanto a la Ley de Ordenación Minera, Marí ha destacado que esta ley ha tenido un amplio consenso. El texto ha sido debatido con propietarios y explotadores de los derechos mineros, Consells, ayuntamientos y grupos parlamentarios.

En este sentido ha asegurado que se han incorporado el 80 por ciento de las aportaciones y un 35 por ciento de las alegaciones hechas durante el período de exposición pública. Según ha dicho, "esta ley es muy importante porque era necesario cubrir el vacío legal en esta materia" porque "en muchos casos existen confluencias de permisos entre la administración local, insular, autonómica y estatal lo que provocaba confusión e inseguridad jurídica".

Por otra parte, ha asegurado que la Ley de Minas da respuesta al sector y garantiza ante todo la seguridad jurídica. "Baleares se convierte así en una de las primeras comunidades que aprueba su propia Ley de Minas", ha añadido.

Asimismo, ha remarcado que la ley garantiza la protección del Medio Ambiente y garantiza la recuperación del territorio afectado por las canteras abiertas y las futuras, de manera que todas las explotaciones deberán contar con el correspondiente informe medio ambiental incluso aquellas que hoy no lo requerían.

"Existe la obligación de obtener la declaración de impacto ambiental antes de diciembre de 2014 por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente y la actualización de la cuantía de las fianzas para las canteras existentes", ha dicho. El texto, también prevé la creación de un registro minero para conseguir así la máxima transparencia, ha apuntado. "También se creará un órgano consultivo y de asesoramiento".

Finalmente, Marí ha manifestado que entienden que "se trata de una ley muy técnica y por ello el partido socialista incurre en errores tan graves como los que se han puesto en evidencia". En este sentido, ha instado al PSIB a que estudien en mayor profundidad el texto para no caer en "falsedades e inexactitudes".

Sobre la función que ejercen los Consells en esta materia, la 'popular' ha negado que este texto invada sus competencias como afirma el PSIB.

Según Marí, los Consells son los que deciden las zonas mineras y además deberán emitir un informe previo y vinculante para poder autorizar la apertura de nuevas canteras fuera de zonas de interés minero. Asimismo, ha recordado que los ayuntamientos adquirirán un papel relevante en todo el proceso administrativo, de manera que "se prevén medidas compensatorias para aquellos municipios en los que se ubique alguna explotación minera".