El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha defendido este martes que la futura Ley de Formación Profesional debe "dar la vuelta como un calcetín" a la formación en Andalucía y que "los que se demuestre que lo han hecho mal", en relación a la gestión fondos públicos en esta materia, "no pueden volver a recibir recursos".

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Maíllo ha indicado, no obstante, que los que sí lo han hecho bien, "y que son muchos", sí podrán seguir recibiendo fondos, "aunque con una mayor fiscalización y control de los mismos". "No podemos meter a todos en un mismo saco", ha destacado.

Así, tras apuntar que IULV-CA "negociará y condicionará" esta ley como fuerza de gobierno que es, Maíllo ha dicho que su formación tiene muy claro que en esta Ley de Formación Profesional "el garante, protagonista, planificador y, sin duda agente prioritario en la formación, debe ser la propia Junta".

Para el líder de la federación de izquierdas, hay que darle la vuelta a la formación "desde criterios de aprovechamiento de recursos de la red pública de Andalucía, que es un vector fundamental en la planificación de la formación en Andalucía".

Preguntado también sobre si su grupo parlamentario aceptará la petición del PP-A de celebrar un pleno extraordinario en julio sobre los casos de corrupción en Andalucía, Maíllo ha dicho que cuando vea la propuesta, que desconoce en estos momentos, se pronunciará.

"El PP tiene el derecho a plantearlo y la Mesa del Parlamento lo canalizará", ha afirmado el líder de IULV-CA, quien ha asegurado que su formación apoya todas las actuaciones dirigidas "a la lucha contra la corrupción de verdad y para saber la verdad".

Según ha apuntado, "somos una organización que está ahí para la puesta en marcha de cuantas actuaciones inviten a conocer la realidad del uso de los recursos públicos que gestiona la Junta y sobre los que se tiene que hacer una fiscalización".

Maíllo ha indicado que ello puede hacerse a través de una comisión de investigación, que su formación no descarta, a través de la Cámara de Cuentas de Andalucía, o también "políticamente" en un gobierno, "al que exigimos que esté al tanto en la investigación y en el descubrimiento del mal uso de los recursos públicos".