Argentina culpó este martes a un juez estadounidense por no permitir a parte de sus acreedores de bonos reestructurados recibir el depósito de fondos, y ahora tiene un mes para negociar con sus querellantes una salida que evite que se declare en cese de pagos.

Argentina insistió en que ha cumplido con su pago al depositar el dinero en las cuentas del Banco de Nueva York Mellon, pero que la transferencia de esos fondos a los tenedores de bonos ha sido frenada por el juez neoyorquino Thomas Griesa, quien falló a favor de fondos de inversión litigantes con bonos en mora desde 2001.

El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, consideró en una rueda de prensa que es un "eufemismo" decir que su país ha caído en un "default técnico" (cese de pagos técnico) pues Argentina, insistió, ha manifestado siempre su voluntad de pagar a sus acreedores de deuda reestructurada y, de hecho, hizo el "depósito correspondiente" de los fondos para hacer efectivo el pago.

Para Capitanich, es el juez Griesa quien alteró la "relación contractual" entre Argentina y los acreedores que se adhirieron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que en esas operaciones optaron por recibir bonos emitidos bajo la legislación estadounidense.

Precisamente, es a estos acreedores a los que no se les ha girado el pago del vencimiento previsto para este lunes debido a un fallo del juez Griesa que ordena a Argentina pagar también a los fondos de inversión querellantes y que no aceptaron los canjes.

El juez no ha dictado una orden de embargo sobre los fondos depositados por Argentina, pero advirtió al Banco de Nueva York Mellon de que incurriría en un desacato judicial si transfería el dinero a las cuentas individuales de los inversores con títulos reestructurados del país suramericano.

Argentina había advertido los últimos días, en anuncios de "aviso legal" a sus acreedores publicados en medios de Argentina, Estados Unidos y Europa, que deslindaría toda responsabilidad en caso de que el juez le impidiera cumplir con sus compromisos de deuda.

"Cuando un país paga, cumple con sus obligaciones financieras. No puede un juez alterar una relación de carácter contractual surgida de un prospecto que no fue objetado por la Comisión de Valores de Estados Unidos", sostuvo Capitanich.

El jefe de Gabinete destacó que los acreedores con bonos reestructurados emitidos bajo la legislación argentina están exentos de las consecuencias del fallo de Griesa.

Para el resto de los acreedores, Argentina tiene un plazo de un mes para regularizar la situación en caso de una demora en el cumplimiento del vencimiento, antes de considerarse que el país ha entrado formalmente en un cese de pagos.

En este período, Argentina deberá negociar con sus querellantes, que le reclaman una deuda de 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, una salida para cumplir con la sentencia de Griesa y, al mismo tiempo, no incurrir en una mora con sus otros acreedores.

La solución también debe implicar que el pago que le haga a sus litigantes no sea en mejores condiciones que aquellas que ha acordado con los inversores que aceptaron los canjes, ya que las reestructuraciones de 2005 y 2010 contienen una cláusula que impide a Argentina dar mejores condiciones a otros acreedores, salvedad legal que caducará el 31 de diciembre próximo.

"Argentina está dispuesta y abierta a dialogar sobre las condiciones de negociación equitativas, justas, legales, para el ciento por ciento de los bonistas", dijo Capitanich.

En tanto, NML Capital, uno de los fondos litigantes, aseguró en un comunicado que está "sentado en la mesa y dispuesto a negociar", pero acusó al Gobierno argentino de no querer hablar "de ninguno de los aspectos en disputa".