La secretaria general de UGT-Andalucía, Carmen Castilla, ha defendido este lunes el derecho constitucional a la "presunción de inocencia" que asiste a los miembros de su sindicato que fueron detenidos en el marco de la segunda fase de la operación 'Cirene' y luego puestos en libertad con cargos, en relación con el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A para cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía.

En declaraciones a los periodistas, Castilla, quien ha participado en Córdoba junto al secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, en una concentración ante la sede de la patronal cordobesa (CECO) para exigir el cumplimiento de los convenios colectivos y defender la negociación colectiva, ha reaccionado así ante la pregunta de si UGT-A ya había suspendido de militancia a uno de dichos imputados, el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda, que fuera responsable de las finanzas del sindicato.

Ante esto, Castilla, respecto a las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla sobre este caso y que ha imputado a los tres sindicalistas de UGT-A, ha reiterado que ella no opina "de los temas judiciales", a la vez que defendió el derecho a la presunción de inocencia, de modo que no cabe "suspender de militancia a una persona que, por ahora, está imputado, pero que no está condenado".

Por eso, ha pedido "respeto a la Justicia" y "celeridad" en la acción de ésta, a lo que ha añadido que, en relación con la defensa de los tres imputados (Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica, María Charpín, y la exresponsable de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez) que, "si no se demuestra que nadie ha cometido ningún hecho delictivo, UGT pagará las defensas", pero "si se demuestra que alguien ha hecho algo ilícito, por supuesto que tomaremos medidas y una de ellas será no pagar las defensas".

En este punto, Castilla ha recordado que UGT-A "es de las pocas organizaciones que ha hecho algo con responsabilidad, y es que, sin que exista una condena y sin que todavía hubiera nadie procesado, renovó toda su ejecutiva", haciendo "un ejercicio de responsabilidad democrática, ética y moral que no se ha hecho en ninguna otra organización".

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