El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha decretado el embargo de un coche y una motocicleta propiedad de un abogado del despacho Estudios Jurídicos Villasís a fin de cubrir la fianza de responsabilidad civil de 3.491.385,98 euros que le impuso la magistrada.

En un decreto notificado a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla embarga a este letrado, identificado como Alfredo Jiménez Suñe, un vehículo marca Volvo XC90 y una motocicleta marca Vespa LX 125.

Asimismo, decreta el embargo telemático de los saldos bancarios que ostente en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

La juez impuso una fianza civil de 3.491.385 euros tanto a Alfredo Jiménez como al también abogado de su despacho José Luis Leal Bonmati, a los que imputó delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, asociación ilícita y malversación impropia.

La juez entiende que ambos imputados, socios y administradores mancomunados del despacho citado, "indiciariamente participaron desde el año 2001 en determinados procesos de negociación y concesión de ayudas sociolaborales instrumentados a través de pólizas de renta o bien intervinieron en el proceso posterior, cuando la ayuda ya había sido comprometida, a través de las asociaciones de extrabajadores que constituían".

"Esta participación se producía gracias a las influencias del también socio e imputado Carlos Leal Bonmati tanto en la Junta como con el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y los sindicatos", todo lo cual se hizo "más sólido" cuando "contrataron" al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

Dice la juez que el despacho "ha trabajado tanto con la mediadora Vitalia como con Uniter", por lo que los imputados "serían presuntamente conocedores y beneficiarios de las sobrecomisiones que ambas mediadoras cobraban de la Junta".

"clientes y dinero"

A ello se suma que Lanzas y los socios de Estudios Jurídicos Villasís "se prestarían servicios recíprocamente", pues Lanzas les "proporcionaría diversos clientes por sus conocimientos e influencias en sindicatos y en la Junta" y, a cambio, el exsindicalista "encontraría en el despacho la apariencia necesaria para desarrollar su trabajo de conseguidor, que le proporcionó pingües beneficios cercanos a los 13 millones", utilizando al bufete "como un centro de lavado de dinero".

Así, el bufete "pagaría al entramado societario de Juan Lanzas 1.156.131 euros y todo ello mediante facturación falsa por servicios inexistentes", de manera que "los socios de Estudios Jurídicos Villasís blanquearían las ganancias ilícitas obtenidas por Lanzas y ello a cambio de la contraprestación oportuna, clientes y dinero".

"Era tal la cobertura a todos los niveles que le ofrecía Estudios Jurídicos Villasís a Juan Lanzas que sólo puede pensarse en una distribución de las ganancias entre ambos", asevera la juez Alaya.

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