La juez analiza la documentación requisada al exjefe de Mantenimiento de Valladolid y podría decidir citaciones

(Sustituir por ésta la anterior noticia sobre el mismo tema, ya que en el tercer párrafo de la anterior, por error de la fuente informante, se apuntaba que la Ley de Contratos del Sector Público ordena licitar públicamente contratos ordinarios y de obras públicas no superiores a 18.000 y 50.000 euros, respectivamente, cuando es lo contrario, cuando rebasan dichas cantidades).

La juez del Juzgado número 4 de Valladolid esta analizando la documentación que agentes de la Policía Judicial requisaron ayer jueves en el despacho y sedes de empresas vinculadas al exjefe de mantenimiento del Ayuntamiento, Luis Alberto Samaniego, donde se practicaron registros llevados a cabo por petición de la juez por parte de la Fiscalía.

La denuncia que el Juzgado recibió de Fiscalía el pasado lunes señala hechos que podrían ser constitutivos de un presunto "delito de prevaricación" por parte del exjefe de mantenimiento "por resolver de modo injusto, y a sabiendas, la adjudicación de contratos ordinarios y de obras públicas, favoreciendo a empresas propias o vinculadas al propio entorno".

Según ha informado este viernes en TSJCyL, la Ley de Contratos del Sector Público ordena licitar públicamente contratos ordinarios de cuantías superiores a 18.000 euros, y contratos de obras públicas cuyo coste supere los 50.000 euros, además de que impide la adjudicación directa de estas obras a una empresa.

Además, según la denuncia presentada al Juzgado, se acusa al exjefe de Mantenimiento de hechos que podrían resultar ser presuntos delitos contra la Administración Pública como es tráfico de influencia y malversación de caudales públicos.

La documentación incautada (en papel y material informático) está sendo estudiada ahora por la juez, quien continúa la instrucción de un caso que puede conllevar en su momento citaciones y otras actuaciones.

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