El Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad aprobado en Consejo de Gobierno cuenta con un presupuesto superior a los 3,3 millones de euros para la provincia de Jaén incluidos en el Plan de Inclusión a través del Empleo, que contempla un Programa Extraordinario de Ayudas a la Contratación con el que está previsto realizar cerca de 2.100 contrataciones a través de los ayuntamientos y que además permite el acceso a las personas que están sujetas a regímenes especiales de la Seguridad Social.

Según ha informado la Junta, la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez, ha presentado este viernes, acompañada de la directora general de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Ana Conde, y de la delegada territorial del ramo, Ángeles Jiménez, las medidas que beneficiarán a los ayuntamientos jiennenses en un encuentro con alcaldes y ediles de la provincia.

Gálvez ha concretado que este decreto beneficiará a "más de 13.000 jiennenses", para lo que se destinarán a la provincia de Jaén unos recursos adicionales de "casi cinco millones de euros para paliar el impacto de la crisis económica en los colectivos más vulnerables, especialmente personas desempleadas que no reciben ninguna prestación y familias con todos sus miembros en paro".

La iniciativa del Gobierno andaluz, en la que colaboran varias consejerías coordinadas por la de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se lleva a cabo a través de la fórmula del Decreto Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, y se basa en tres pilares fundamentales, que son el Plan de Inclusión a través del Empleo, el Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía y el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria.

Se busca, por tanto, "promover la inclusión de los jiennenses que más lo necesitan a través del empleo, la principal medida de integración e inserción social; introducir medidas de solidaridad para atender las necesidades básicas de las personas, como los suministros básicos del hogar, y asegurar una ingesta de alimentos a las personas con problemas de exclusión social, especialmente personas mayores y menores", según la delegada de la Junta.

Asimismo, el presupuesto del decreto se suma a diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz como el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), que beneficia a más de 5.800 jiennenses, el Programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, o las Ayudas Económicas Familiares.

Otra de las líneas para la inclusión a través del empleo, y novedosa en este decreto, es la que fomentará la contratación de personas preceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), también conocido como salario social, de la que se benefician más de 5.800 personas de la provincia.

Según se destaca desde la Junta, esta línea de la normativa permitirá reenganchar a perceptores del salario social al mercado laboral a través de contratos de, al menos, seis meses, con un salario que será superior a la prestación de IMS, cotizando en el sistema general de la Seguridad Social. Además, la empresa contratante recibirá una subvención de 2.500 euros.

Solidaridad y garantía alimentaria

El Plan Extraordinario de Solidaridad de Andalucía incluye en su redacción el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social. Se trata de nuevas prestaciones de urgencia social que serán gestionadas por los ayuntamientos, donde están incluidos los suministros básicos —agua y luz— y el equipamiento esencial de la vivienda, como muebles o reparaciones básicas, o necesidades urgentes de alimentación y vestido o el pago del alquiler.

Se otorgarán en función del número de desempleados del municipio, que recibirá entre los 3.900 euros y los 52.000 euros, si bien el presupuesto del programa asciende a un montante total de 702.000 euros, y en Jaén supondrá "2.808 ayudas a familias que lo necesiten", según ha destacado la directora general, Ana Conde.

Con cerca de 334.000 euros también están dotadas las Ayudas Económicas Familiares, prestaciones temporales, dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, que beneficiará a 868 menores de la provincia, y cuyo objetivo es "prevenir, reducir o suprimir los factores que generan situaciones de dificultad social en las familias jiennenses".

Por otra parte, se mantiene el Plan de Garantía Alimentaria, que continúa con el refuerzo en la alimentación infantil, con tres comidas en los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, con un total de 1.167 beneficiarios, y las escuelas de verano para el período vacacional, a las que se destinarán 135.000 euros; el refuerzo del Programa Bonificado del Servicio de Comedor de los Centros de Participación y el catering a domicilio para mayores, con una cuantía superior a los 41.000 euros. Igualmente, el decreto incluye un apartado específico para preparación y reparto de alimentos, con 260.000 euros previsto para este fin.

Este plan también promueve la concienciación social y las prácticas de consumo responsable, impulsa el voluntariado y apoya a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía y a las Entidades locales.

También se creará un Banco de Prácticas Innovadoras que permitirá a los integrantes de la red "compartir las mejores experiencias", así como un sistema de información y seguimiento que sirva a los integrantes para el diseño de intervenciones cada vez más adecuadas y eficaces.

En la línea de apoyo a las entidades locales para acciones de solidaridad alimentaria, que también se mantiene, se incluye la novedad de que entidades no lucrativas podrán presentar proyectos a los ayuntamientos que han recibido los fondos para colaborar en la gestión de los mismos.

Este decreto, que incluye fórmulas seguimiento y evaluación del impacto de la crisis en la población andaluza y de sus propias medidas, modificará también tanto el procedimiento como los requisitos para el ingreso en centro residencial de personas mayores en situación de exclusión social, con el fin de "flexibilizar el acceso" a estos servicios residenciales de la Junta de Andalucía para estas personas.