El Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell ha dejado en libertad provisional a otros dos concejales de Torredembarra detenidos este jueves por la Guardia Civil, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Así, ya son cinco concejales que han quedado en libertad tras comparecer ante el juez y están imputados por un delito contra la administración pública.

Entre este jueves y la mañana de este viernes han comparecido y quedado en libertad el segundo teniente de alcalde, José Oviedo (PP), el tercer teniente de alcalde, Ignasi Duran (Grupo Independiente), el cuarto y delegado de Hacienda, Santiago Ardèvol (CiU), la quinta y delegada de Cooperación, Maria Elia Rodríguez (CiU), y el presidente del Patronato Municipal de Cultura, Pere Font (CiU).

Para la tarde de este viernes se prevé que pasen a disposición judicial el alcalde, Daniel Masagué (CiU), la primera teniente de alcalde, Francisca Felguera (CiU), y el empresario de Torredembarra Blas Niubó, los tres presuntamente más implicados en el caso.

El registro del Ayuntamiento, que contó con la presencia del alcalde detenido, terminó la noche del jueves a las 22.30, tras casi 14 horas de pesquisas que mantuvieron el edificio cerrado y en el que los investigadores pidieron a los trabajadores que abandonaran sus puestos.

Después, los agentes de la Guardia Civil se trasladaron al domicilio y negocio del alcalde, donde el registro se prolongó hasta las cinco de la madrugada de este viernes, en todos los registros principalmente se incautó abundante documentación.

En la operación policial fueron detenidas en total ocho personas: el alcalde, seis concejales de su equipo de gobierno y un empresario local muy vinculado a Masagué, que regentaba un restaurante.

También hubo registros en la casa de este empresario y en la sede en Barcelona de la promotora Teyco, que construyó en el municipio un aparcamiento municipal.

Según informó el líder del PSC de Torredembarra, Pere Solé, el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, que lleva el caso, ya investigaba varias presuntas irregularidades en los contratos municipales, entre ellas la contratación de la consultora Efial por 200.000 euros anuales sin haber convocado el concurso preceptivo y el alquiler de varios locales, entre otros.