El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Jesús Dolz ha afirmado que el número de inscripciones de perfiles genéticos ha bajado un 70 por ciento en los últimos años debido a "ciertas interpretaciones" de magistrados, que "están dejando de tomar muestras biológicas a los detenidos con su consentimiento porque exigen que esté presente un letrado".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en el encuentro 'El ADN en la investigación policial', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander. De hecho, ha hecho hincapié en los "perjuicios que eso supone para los ciudadanos y para las víctimas".

De esta manera, ha definido estas tesis y el vaciamiento de las bases de datos de ADN en España de "muy preocupantes" de cara a la persecución de la delincuencia "más grave" y ha alertado de que "podemos quedarnos con bases de datos genéticas ridículas" debido a esta "caída en picado". "Estamos en presencia de un panorama bastante crítico", ha lamentado.

"Si se siguen esas tesis no habrá inscripción de perfiles genéticos de los detenidos, con lo que será muy difícil esclarecer los hechos delictivos, precisamente para los derechos más graves, que son los delitos contra la vida, la integridad, la identidad sexual y los de delincuencia organizada", ha relatado.

En este sentido, ha comentado que, "evidentemente, si a un delincuente se le pide permiso para ser investigado, no lo va a dar y no va a permitir que se inscriba su perfil genético en una base de datos donde se puede descubrir que en base a un perfil genético indubitado anterior, y otro que no se sabía de quién era, se puede comprobar quién es el autor de un delito que no estaba esclarecido".

"Si queda inscrito en una base de datos de ADN, ya sabe que en un futuro podrá ser descubierto si deja cualquier rastro biológico en la escena del crimen", ha mencionado, al tiempo que ha recordado que la prueba de ADN está regulada en el ordenamiento jurídico español desde el año 2007 "con todas las garantías jurídicas para los ciudadanos".