UGT y Comisiones Obreras de Asturias han denunciado públicamente este viernes una "ofensiva penal" contra los sindicalistas, al constatar el incremento de sanciones y procesos judiciales contra sus compañeros por la participación en movilizaciones y huelgas. Las sanciones en muchos casos alcanzan los 3.000 euros y las peticiones de condena llegan a los ocho años de cárcel.

En una rueda de prensa, el secretario general autonómico de UGT, Justo Rodríguez Braga, y la secretaria de Organización de Comisiones Obreras, Emilia Escudero, han criticado duramente la "persecución judicial" de sindicalistas puesto que "se está penalizando el hecho de ser representante sindical", ha señalado la representante de CCOO

Así, según sus datos, solo en UGT Asturias tienen abiertos 14 expedientes con 41 trabajadores implicados, y multas que van de los 300 a los 3.000 euros. En todo el Estado, según Emilia Escudero, hay más de 60 procesos abiertos con más de 200 encausados, y se piden penas que van desde los dos a los ocho años de cárcel. Uno de ellos es el secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Damián Manzano. En opinión de la líder sindical, el Gobierno nacional lo que pretende es hacer "lo mismo que Thatcher en Inglaterra, acabar con los sindicatos".

Braga ha criticado esta "voluntad de inmitidar a las organizaciones sindicales y a la clase trabajadora" y ha defendido el "derecho a la huelga". En su opinión, "cuando un trabajador pierde un patrimonio, la convivencia la rompe quien está tomando las medidas para empobrecer a la gente". Por este motivo, ha demandado "tolerancia" al Ejecutivo "para con los trabajadores y con los ciudadanos".

Los sindicatos convocarán una campaña de movilizaciones por este tema en todo el estado, bajo el lema 'No nos van a callar'. En el caso de Asturias, tendrá lugar el 7 de julio, a las 19.00 horas, delante de la Delegación de Gobierno, en Oviedo.