Un nuevo revés de la Justicia de Estados Unidos aumentó este jueves el riesgo de llevar a Argentina a declarar una suspensión de pagos técnica, coincidiendo con la decisión del Gobierno de Buenos Aires de pagar a los acreedores que aceptaron canjes de deuda en 2005 y 2010. El juez federal estadounidense Thomas Griesa, que falló a favor de fondos especulativos que reclamaban a Buenos Aires el pago íntegro de su deuda, rechazó la solicitud argentina de suspender la medida que la obligaba a pagar a los demandantes para poder cumplir con el resto de los acreedores de deuda.

La solicitud "no es apropiada", señala el juez, que recuerda que la medida "no entra en vigor" a menos que el país realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados y agrega que su tribunal  "no tiene el control sobre si la República (Argentina) hace esos pagos". El fallo sentó como un jarro de agua fría en Buenos Aires, donde apenas unos minutos antes el ministro de Economía, Axel Kicillof, había anunciado que Argentina había procedido a girar fondos para el pago de los acreedores que se sumaron a los canjes de 2005 y 2010 y abonó deuda e intereses.

"Argentina ha procedido al pago de capital e intereses" de vencimientos de la deuda "por 832 millones de dólares, de los que 539 millones fueron depositados en las cuentas del Banco de Nueva York en el Banco Central de la Argentina (...) más los vencimientos en pesos, el pago supera los 1.000 mil" millones de dólares, dijo.

Además, Griesa convocó una audiencia este viernes para estudiar si el pago a los bonistas supone desacato por parte de Argentina, respondiendo así a la carta de los abogados de los acreedores que no se acogieron al canje de deuda argentina.

El magistrado convocó a las 10.30 hora local (16.30 hora española) a los demandantes (los "holdouts" que no se acogieron al cange de 2005 y 2010) y los demandados (Argentina) para la audiencia en el tribunal del distrito Sur de Nueva York, confirmaron a Efe fuentes de esa corte.

Griesa respondió así a la petición de los fondos que Argentina tilda de "buitres", que le remitieron una carta el miércoles describiendo el pago de 832 millones de dólares anunciado por el Gobierno de Cristina Fernández como un "descarado paso hacia la violación de la orden" emitida por el tribunal hace unas semanas.

El próximo vencimiento de la deuda para los acreedores de deuda reestructurada concluye el próximo 30 de junio y este jueves, según el ministro, era el último día hábil para depositar los fondos. En un mensaje leído a los medios, Kicillof criticó la parcialidad del juez Griesa y reiteró la decisión del país de "honrar sus deuda con el 100 por ciento de los acreedores, de manera justa, equitativa y legal".

Para el ministro, "no cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención: la de pretender llevar a la República Argentina al default (suspensión de pagos) para derribar la reestructuración 2005-2010 que alcanzó luego de largas negociaciones un consenso del 92,4%". "No pagar teniendo los recursos y forzando un default (suspensión de pagos) voluntario es algo que no está contemplado en la ley argentina, sería contrario al orden público argentino y una clara violación a los prospectos de deuda", dijo el responsable gubernamental.

Kicillof advirtió a Estados Unidos "de la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su poder judicial". Aunque evitó hablar abiertamente de la posibilidad de embargo de sus cuentas en el exterior, adelantó que "cualquier conducta que pretenda obstaculizar este pago a nuestros acreedores constituye una acción violatoria del ordenamiento jurídico del derecho público internacional".

Este tipo de actuaciones "afectaría los derechos de sus verdaderos dueños", los tenedores adheridos voluntariamente al canje, y llegaría a implicar "una apropiación indebida de fondos de terceros", agregó. Expertos de distinto signo coinciden en que Argentina debía afrontar el pago de su deuda, pese al riesgo de embargo de sus fondos.

"Si Argentina no hubiera pagado estaríamos técnicamente en default (suspensión de pagos). Lo que hay que ver es si los fondos buitre van a embargar el pago. Están habilitados para hacerlo", admitió el economista Orlando Ferreres.